CONUSI-FRENADESO se reservan el derecho de participar en el mal llamado diálogo propuesto por el Gobierno

Comunicado de CONUSI-FRENADESO en el inicio del diálogo convocado por el Gobierno en torno a la Ley 30

“Aquí no hay más culpables que tú y yo, tú por oprimir a mi pueblo, yo por tratar de libertarlo”

Túpac Amaru

Para este martes 3 de agosto, el Gobierno Nacional ha citado a una supuesta mesa de diálogo para debatir la Ley 30, conocida popularmente como Ley Chorizo.  La Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI) ha sido convocada a participar mediante resolución emitida por el Consejo de Gabinete.

Mientras esto acontece, en el pleno de la Asamblea Nacional de Diputados, se debate la suspensión por 90 días de tres artículos de esta aberración jurídica.  Los diputados ignoran así las voces de cada uno de los representantes de las organizaciones que asistimos al primer debate en la Comisión de Trabajo y desconocen el clamor del pueblo panameño de que la Ley 30, aprobada a tambor batiente en sólo tres días por ese órgano del Estado, debe ser derogada en su totalidad.

En concordancia con la forma autoritaria que viene ejerciendo el poder, el Gobierno de Martinelli ha impuesto una comisión que deja por fuera a importantes sectores nacionales y establece una clara mayoría predeterminada en favor del Gobierno y de la clase empresarial.

Por ejemplo, no están allí representados los grupos ambientalistas, de la sociedad civil, de derechos humanos, ni otras organizaciones de trabajadores magisteriales y profesionales; como tampoco lo están los pueblos originarios.

Es la misma lógica que se estableció para, de manera inconsulta, crear la comisión investigadora sobre los hechos ocurridos en Bocas del Toro.

Por el respeto que nos merecen los trabajadores y el pueblo panameño, y como miembro del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO), queremos expresar lo siguiente:

Todo intento por crear comisiones garantizando de  partida los votos a favor de determinadas posiciones, no hacen más que repetir los conocidos diálogos de “Yo con Yo”, utilizados por los sucesivos gobiernos en determinadas coyunturas, como el caso del diálogo sobre la Seguridad Social, para ganar tiempo y legitimar medidas que han constituido una burla a las justas aspiraciones y demandas del pueblo.

Ello, como en esta ocasión, ha significado la imposición de mediadores y facilitadores, así como de una metodología que impide el debate sin cortapisas, de cara al pueblo, y la búsqueda de conceso en temas que nos afectan a todos.

No se han incluido temas que reclama la población como es la derogación de la Ley 14 (Ley Carcelazo) ni el Decreto Ejecutivo 537 que atenta contra la autonomía de los pueblos indígenas para elegir sus autoridades tradicionales y que es violatorio de convenios internacionales sobre los derechos de estas poblaciones.

No existe el clima para el diálogo sereno y de altura, toda vez que tras los hechos de Bocas del Toro, el Gobierno ha lanzado una costosa campaña de mentiras y de publicidad engañosa sobre el contenido real y las falsas bondades de la Ley 30, campaña que se sufraga con fondos de todos los panameños y que no da espacio para que se conozcan los argumentos de quienes nos hemos opuesto a lo que consideramos una ilegalidad, por lo cual se han interpuestos sendas demandas de inconstitucionalidad que duermen el sueño de los justos en la Corte Suprema de Justicia.

No puede existir el clima necesario para diálogo mientras existan procesos y expedientes amañados armados desde los organismos de seguridad del Estado contra la dirigencia sindical y popular y contra los trabajadores y compatriotas de Bocas del Toro, muchos de ellos parte del listado de heridos de la salvaje represión a quienes se le intenta de esta manera victimizar doblemente.

A todo esto habría que agregar las declaraciones de altos personeros del Gobierno, cuya destitución es exigida por el pueblo, como el caso del Ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, intentando justificar la masacre de Bocas del Toro y lanzando acusaciones sin fundamento alguno contra dirigentes y organizaciones del pueblo bocatoreño.

Estas son las declaraciones que sirven de antesala al llamado a diálogo del Gobierno, la de un Ministro que reitera que se seguirá utilizando perdigones de plomo contra la población, que veladamente amenaza con utilizar balas en un futuro y que se muestra satisfecho por los muertos y heridos de esta carnicería humana, entre ellos humildes ciudadanos, en su mayoría indígenas a los que llamó “indios borrachos y narcotizados”, que quedarán total o parcialmente ciegos de por vida por heridas de perdigones en sus ojos.

Aparte de ello, también a pocas horas de iniciarse el denominado diálogo, se anuncia que se ha concesionado a una empresa estadounidense 141 hectáreas en el distrito de Cañazas, provincia de Veraguas, para la explotación de oro y otros minerales por un período de 25 años prorrogable, para lo cual la empresa deberá pagar una ridícula fianza de garantía por la suma de 10 mil 124 dólares.  ¡Esto es lo que vale la destrucción del ambiente y el desalojo forzoso de comunidades!

Estos hechos demuestran las verdaderas razones de la Ley Chorizo y del decreto 537.  Bajo el supuesto interés de atraer las inversiones extranjeras se busca rematar a pedazos el territorio nacional, eliminar los necesarios estudios de impacto ambiental, entrometerse en las elecciones y tomarse los órganos de las autoridades tradicionales ngäbe buglé para disponer de sus tierras, debilitar y liquidar las organizaciones sindicales, flexibilizar aún más las normas laborales conculcando el derecho a huelga; y otorgar impunidad a los policías para que asesinen y aplasten por la fuerza las protestas sociales, tal como ocurrió recientemente en Bocas del Toro.

Dada las situaciones que hemos descrito y en honor a los mártires y demás víctimas de la masacre de Bocas del Toro para quienes exigimos Justicia, CONUSI-FRENADESO se reserva el derecho de participar en el mal llamado diálogo propuesto por el Gobierno y reitera su demanda de que la Ley Chorizo debe ser derogada en su totalidad.

Panamá, 2 de agosto de 2010.

¡Ni Ley Carcelazo, Ni Ley Chorizo!

¡Respeto para los Pueblos Originarios!

¡Por un Dialogo Democrático, Sin Imposiciones del Ejecutivo!

¡Justicia para las Víctimas de la Masacre de Bocas del Toro!

¡Sin Luchas no hay Victorias!

¡La Pelea es Peleando!

CONUSI

Confederación Nacional de

Unidad Sindical Independiente

Miembro de:

FRENADESO

Frente Nacional por la Defensa de

los Derechos Económicos y Sociales