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Gringos estaban indignado por el fallo de la Corte panameña en un caso de tráfico de armas para la AUC
Para Estados Unidos el incidente fue tan grave que consideró no solo revocar la visa a algunos de los involucrados, sino también suspender la cooperación que le estaba dando a la Corte Suprema.
Ver:
Apellidos que deben ser investigados: Bares, Moscoso, Guardia, Shamah...
La Revista Semana de Colombia ha divulgado que según los cables de Wikileaks "Estados Unidos estaba indignado por el fallo de la Corte panameña en un caso de tráfico de armas para las AUC."
Estados Unidos estaba indignado por el fallo de la Corte panameña en un caso de tráfico de armas para las AUC.
En noviembre de 2001, el buque panameño de carga Otterloo llevó desde el puerto de El Bluff, en Nicaragua, hasta Turbo, Antioquia, 14 contenedores con cerca de 14.000 fusiles AK-M y munición del Ejército nicaragüense para las Autodefensas Unidas de Colombia. Dos años y medio después, el principal sospechoso de la operación, el isarelí Shimon Yalin Yelinek, fue absuelto por la Corte Suprema panameña. La Embajada de Estados Unidos en Ciudad de Panamá reaccionó indignada.
La Corte Suprema de Panamá consideraba que no había evidencia de que las negociaciones para la compra de las armas hubieran tenido lugar en ese país y, por lo tanto, desechó los cargos. “La sentencia ignora la bandera panameña del Otterloo y el hecho de que la orden de compra era un documento falsificado de la Policía Nacional Panameña”, explica la Embajada y añade que, según varias fuentes consultadas por Estados Unidos, los jueces habrían recibido sobornos para dar ese fallo.
Para Estados Unidos el incidente fue tan grave que consideró no solo revocar la visa a algunos de los involucrados, sino también suspender la cooperación que le estaba dando a la Corte Suprema de Panamá.
Noticias en Panamá sobre este caso:
Panamá América sobre éste y otros casos (2002):
El hombre fuerte
En 1979 Carlos Barés Weeden fue contratado como vendedor de autos en Toyopan Tesa, del influyente empresario Mario Guardia, el mismo que enfrentó, en 1994, una acusación penal por el homicidio de Diomedes Abrego. Después el empresario fue sobreseído de esos cargos.
Carlos Barés ha capeado el temporal originado por el escándalo del tráfico de armas en el que se vincula a la Policía Nacional bajo su mando, mientras su radio de acción mantiene la misma fuerza y control que posee desde que asumió el liderazgo de la institución.
Hay quienes lo califican como el ‘hombre fuerte’ de Panamá.
El militar retirado, Rubén Darío Paredes, es de la tesis de que hoy el director de la Policía es un hombre fuerte, aunque no uniformado. Sin embargo, como político, tiene poder y es evidente la subordinación de los directores del resto de la Fuerza Pública, como el Servicio Aéreo Nacional, el Servicio Marítimo Nacional y el Servicio de Protección Institucional a la Policía Nacional y su director.
Y es que no cualquier panameño puede mover los hilos que controlan las fronteras Este y Oeste del país, como tampoco la entrada de ciudadanos a Panamá, pasando por ser uno de los funcionarios más allegados de la presidenta Mireya Moscoso y familiar cercano del contralor Alvin Weeden. Eso sin sumar que dirige una fuerza de 15 mil hombres armados.
El poder de Carlos Barés radica en la debilidad existente en el Consejo de Seguridad, pues su director Ramiro Jarvis es un experto en inteligencia, pero no un político y, por tanto, no goza de la confianza total ni de la amistad de la presidenta Mireya Moscoso.
Barés Weeden nació en Chitré, provincia de Herrera, el 30 de mayo de 1946. Fue conductor del tres veces presidente Arnulfo Arias Madrid, desde el 10 de junio de 1987 hasta la muerte del caudillo. Luego volvió a ser conductor, esta vez de Guillermo Endara, durante la campaña electoral de 1989.
Tras la invasión estadounidense es nombrado como el primer director del Servicio de Protección Institucional (SPI). Luego es designado por Endara como viceministro de la Presidencia, y por un tiempo dirigió paralelamente el SPI.
En 1978 trabajó como cajero de los Casinos Nacionales. El 7 de diciembre de ese año, diarios locales publican la pérdida de 18,500 dólares de una caja del casino bajo la responsabilidad de Barés.
Fue retenido cerca de 12 horas, pero luego repuso los 18,500 dólares con dos cheques del Banco de Colombia.
En 1979 Carlos Barés Weeden fue contratado como vendedor de autos en Toyopan Tesa, del influyente empresario Mario Guardia, el mismo que enfrentó, en 1994, una acusación penal por el homicidio de Diomedes Abrego. Después el empresario fue sobreseído de esos cargos.
En la empresa distribuidora de autos, Barés se dedicó a la venta de busitos Hi Ace a diferentes entidades del régimen militar. Luego estos vehículos eran habilitados como ambulancias. Luego estableció su propia empresa dedicada a la transformación de los vehículos en ambulancias. Paralelo a esto, Carlos Barés era uno de los empleados con los contactos necesarios para vender autos exonerados a los gobiernos de Cuba y Nicaragua.
Barés vive en un área residencial de Hato Pintado. Pero ahora ha decidido mudarse hacia un lujoso residencial en Costa del Este, un área exclusiva que colinda con Panamá Viejo y el Corredor Sur. El costo de las residencias del modelo elegido oscila entre los 305 mil y 400 mil balboas.
El jefe policial, además, tiene particular influencia en la Dirección Nacional de Migración, en la cual su esposa, Ilka de Barés, es jefa. A esto hay que añadir que el subdirector de Migración, Javier Tapia, estaba bajo sus órdenes hasta noviembre del 2001, cuando fungió como asesor en la Dirección de la Policía.
Su primo hermano, Foster Weeden Gamboa, es el director de Aduanas en la frontera con Costa Rica.
El buque panameño Otterloo logró lo que en 1981 no pudo 'El Karina': ingresar a Colombia un gigantesco arsenal. Las armas fueron vendidas por la Policía de Nicaragua a un intermediario que aseguró representar a la Policía de Panamá, pero que fueron desviadas a territorio colombiano.
La bandera panameña del Otterloo entró en aguas colombianas la noche del 10 de noviembre pasado.
La embarcación había zarpado del puerto de Veracruz (México) dos semanas atrás con 23 contenedores repletos de pelotas plásticas. Al muelle colombiano llegaron igual número de recipientes pero en 14 de ellos, en vez de los juguetes, venían 3.000 fusiles AK-47 y 5 millones de cartuchos calibre 7,62 milímetros.
Un mes después, cuando las autoridades colombianas fueron alertadas de que a territorio nacional había entrado un poderoso arsenal, ya era muy tarde: Los camiones habían entregado su carga y los destinatarios no dejaron rastros.
Hombres de inteligencia de la Policía colombiana se infiltraron en algunos puertos. A la semana establecieron que el armamento, aparentemente, había sido comprado por la Policía de Panamá a su similar de Nicaragua y que en el momento de la entrega, fue desviado a Colombia.
Con esa información, inmediatamente la Policía integró una comisión de investigadores de la Dirección de Inteligencia (Dipol) para que estableciera el origen y el paradero del que es considerado el arsenal más grande que ha ingresado ilegalmente a territorio colombiano en toda la historia.
LA MANIOBRA EN EL BLUFF
En sus viajes entre los tres países, los investigadores de la Policía colombiana encontraron que el origen del arsenal se remonta a febrero del 2000, cuando una empresa privada aseguró a la Policía nicaragüense que representaba a la de Panamá, interesada en comprarles un lote de armas.
El negocio se cerró a mediados de ese año y la entrega del arsenal se pactó para el 2001.
Cuando los investigadores colombianos fueron a contactar a la empresa intermediaria en el negocio, encontraron que esta solo existía en el papel, que tenía un domicilio inexistente, que, obviamente, no tenía nexos con la Policía de Panamá y que había falsificado toda la documentación y firmas requeridas para la compra de las armas.
En la reconstrucción del ilícito, los hombres de inteligencia de la Policía establecieron que la falsa empresa, al aproximarse la fecha de entrega del arsenal, compró en México un lote de pelotas plásticas.
El 19 de octubre pasado, el barco Otterloo, con siete tripulantes a bordo bajo el mando del capitán mexicano Jesús Fernando Iturrios Maciel, fue cargado en el puerto de Veracruz con 23 contenedores llenos de pelotas plásticas.
Una semana después,el Otterloo reportó daños mecánicos y ancló en Nicaragua para reparar la máquina.
Previamente, la empresa intermediaria había recogido el arsenal en la Plaza El Sol, de Managua, y lo había transportado hasta Puerto Rama, en el Atlántico nicaragüense.
El 26 de octubre el buque fondeó en El Bluff (Nicaragua). Durante una semana se le hicieron al Otterloo las reparaciones.
Ese lapso, aseguran los investigadores colombianos, también se aprovechó para sacar 14 contenedores de pelotas, de 20 pies cada uno, y, en su remplazo, embarcar la misma cantidad de recipientes pero con 300 cajas de fusiles AK-47 y 3.493 cajas de cartuchos calibre 7,62 milímetros. En total, 3.000 armas y 5 millones de balas.
El Otterloo prendió máquinas el 2 de noviembre con rumbo, aparentemente, a Colón (Panamá).
El Otterloo jamás atracó en Colón, como efectivamente lo establecieron los investigadores colombianos. En cambio, el buque siguió hasta Turbo, donde fondeó el 10 de noviembre pasado y descargó los mismos contenedores con armas que fueron embarcados en territorio nicaragüense.
Los hombres de inteligencia de la Policía colombiana establecieron que momentos antes de zarpar de territorio colombiano, el capitán Iturrios abandonó el barco, estuvo unos días en Barranquilla y luego se devolvió, vía aérea, a Panamá. El primer oficial, Carlos Alberto Aguilar Valdés, panameño, tomó el mando de la nave.
La Policía de Panamá obtuvo información, a finales de enero pasado, acerca de que estaban comprometidos en la comercialización del material bélico y abrió una investigación interna para establecer la autorización de la compra.
En esas indagaciones, las autoridades entrevistaron a algunos de los tripulantes del buque, quienes se hundieron en un mar de contradicciones que sacaron a flote las dudas de los investigadores colombianos y de ese país acerca de la legalidad de la travesía del Otterloo.
Por ejemplo, el jefe de Máquinas del barco, Jesús Ernesto Yejún Rodríguez, de nacionalidad mexicana, relató que en el itinerario entre Veracruz y Colombia nunca recogieron carga y que en Nicaragua solo pararon para reparar el barco.
Por el contrario, Jaime Humberto Pacheco López, marino timonel del Otterloo y también mexicano, afirmó que en Nicaragua cargaron el barco con 14 contenedores.
Sobre este caso, el director de la Policía de Panamá, Carlos Barés, no respondió las cinco llamadas telefónicas que le hizo EL TIEMPO.
En diciembre pasado, Miguel Antonio Bernal, ex asesor presidencial de Mireya Moscoso, la mandataria panameña, cuestionó que a la Policía se le hubiera autorizado la compra de cerca de 5 millones de dólares en armas. Según él, el material se adquirió pero no se sabe a quién y si en realidad llegó a ese país. La Policía también guardó silencio en esa ocasión.
¿FINAL DE LA HISTORIA?
Actualmente, las autoridades colombianas siguen realizando tareas de inteligencia para establecer quién o cuál grupo tiene las armas y la munición. "Puede que el arsenal lo tenga la guerrilla, las autodefensas o un traficante internacional que lo guardó como estación de tránsito a otro lugar", aseguró un investigador.
En ninguno de los países hay detenidos por este multimillonario contrabando de armas.
RESPONDE PANAMA
El Consejo de Seguridad de Panamá, emitió un comunicado que no da muchos detalles de la investigación, pero advierte que para cometer el ilícito, los implicados "utilizaron documentación alterada y falsa, con la cual se pretendía hacer pensar que la carga en mención tenía como destino" Panamá. En la investigación interviene gente de Panamá, Colombia, Nicaragua y Estados Unidos.
Según el Consejo de Seguridad, el Ministerio Público tiene pleno conocimiento de este hecho, y "se encuentra realizando las investigaciones que ordena la ley".
Fallo polémico. El tráfico de armas que jamás se investigó.
La Corte y un caso que nadie olvida
Una causa paradigmática sobre las criticadas decisiones de la Corte. El rol de Winston Spadafora.
Guido Bilbao
gbilbao@prensa.com
La historia es cinematográfica: intervienen tres países, traficantes de armas, policías nacionales, grupos paramilitares y un barco de nombre Otterloo, con bandera panameña y cargado con tres mil fusiles AK 47 .
El hecho podría describirse así: Nicaragua le vendió armas a un empresario israelí, quien dijo comprarlas en nombre de Panamá. Como presentó un comprobante del Ministerio de Gobierno y Justicia la venta se realizó sin problemas. El Otterloo partió con el cargamento el 3 de noviembre de 2001 desde Nicaragua, pero las armas nunca arribaron a Panamá. Siete días después llegó al puerto El Turbo, Urabá, Colombia. Fue descargado y la carga trasladada a Antioquia y Córdoba, Colombia. El buque continuó hasta Barranquilla, donde su capitán se declaró enfermo y desapareció.
Las armas fueron entregadas a un grupo paramilitar, el conductor de la embarcación desapareció y fin del cuento.
Así fue como el Estado panameño quedó en medio de un escándalo internacional de tráfico de armas. Sólo que la Corte Suprema de Justicia, en lugar de promover una investigación profunda para saber a ciencia cierta cómo pasó lo que pasó, decidió archivar el caso, liberar al único detenido y seguir viviendo como si aquí no hubiese pasado nada. Porque para la Corte Suprema, en Panamá no pasó absolutamente nada.
La historia salió a la luz cuando el diario El Tiempo, de Colombia, publicó el 21 de abril del 2002 que tres mil fusiles AK-47 y cinco millones de municiones provenientes de Nicaragua habían ingresado a Colombia en la embarcación Otterloo, a finales del 2001.
Dos meses después, publicó una entrevista con el jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, quien afirmó haber recibido cinco embarques con 13 mil fusiles.
Es más, el líder paramilitar, divertido, declaró que ese había sido el "mejor gol" que habían metido desde Centroamérica .
Lo llamativo del caso es que el 30 de marzo del 2004, la Corte Suprema de Justicia panameña decidió aceptar un amparo a favor de Shimon Yalin Yelinek -el empresario israelí que participó de la negociación- y, de esta forma, clausuró la investigación.
Sólo Adán Arnulfo Arjona salvó su voto.
El escándalo de las armas fue de tal magnitud que la Organización de Estados Americanos formó una comisión para investigar el caso.
La comisión realizó un informe en el que criticaba sobre todo a Nicaragua por no controlar con mayor severidad el destino final del cargamento.
Las razones que llevaron a la Corte panameña a aceptar el amparo -y de esta forma cerrar la investigación que llevaba adelante el Ministerio Público- fueron muy criticadas. Los magistrados que apoyaron el cierre de la investigación prefirieron no valorar dos hechos que le hubiesen dado vía libre a la investigación.
1- La nave Otterloo, que transportaba las armas, navegaba con bandera panameña.
El artículo siete del Código Penal dice que "también se considera territorio nacional las naves y aeronaves panameñas". O sea que el tráfico de armas, al suceder a través del barco, sucedió en Panamá.
2- La empresa naviera que era propietaria del barco tenía su sede en Panamá y podría haber sido investigada.
3- Los documentos de compra de las armas que presentaron los intermediarios a las autoridades nicaragüenses eran fraguados pero, supuestamente, expedidos por el Ministerio de Gobierno y Justicia. Para la Corte Suprema esto no debía ser investigado.
4- Los delitos cometidos perjudicaron la imagen de Panamá. El artículo 8 del Código Penal dice que "se aplicará la ley penal panameña a los hechos punibles cometidos en el extranjero contra la personalidad jurídica del Estado".
A pesar de estos cuatro argumentos jurídicos que obligan a los magistrados a bendecir las pesquisas, la Corte decidió archivar todo.
Algunos de los magistrados, sin embargo, conocían el caso en profundidad. Winston Spadafora fue ministro de Gobierno y Justicia durante la administración Moscoso y, precisamente, fue a su administración a la que se le atribuyó el documento falsificado. El hombre que ocupó el lugar de Spadafora cuando este abandonó el ministerio para ocupar uno de los nueves sillones de la Corte fue Aníbal Salas. Ambos ex ministros hoy forman parte de la Corte Suprema de Justicia.
Spadafora, siendo ministro, había participado de las investigaciones internas que se iniciaron para descifrar la historia del documento falsificado que había salido del ministerio. Sin embargo, ya estando en la Corte y a la hora de tratar el caso, no se declaró impedido. Es más, fue el magistrado ponente.
Hasta el día de hoy nadie ha podido contestar la gran pregunta: ¿Cómo un documento público del Estado panameño terminó en manos de traficantes de armas? Las investigaciones fueron suspendidas.
En su salvamento, Adán Arjona hace otras observaciones que permiten intuir cómo la Corte se tomó atribuciones que no eran necesariamente suyas.
"En su condición de Tribunal de Amparo, la Corte no podía determinar si el delito se cometió o no en Panamá ya que para eso, precisamente, el Ministerio Público estaba investigando y eventualmente esa tarea le correspondía ser ejecutada a los jueces penales ordinarios".
En pocas palabras, la Corte detuvo la investigación y ya no se podrá saber por qué el Estado panameño quedó en medio de semejante escándalo que incluso llegó a preocupar a la cancillería panameña.
¿Por qué ocho de los nueve magistrados miembros del alto tribunal fallaron sin tomar en cuenta algunas normas del Código Penal? Nadie lo sabe.
Vale recordar que mientras en Panamá la Corte archivaba el proceso, tanto en Colombia como en Nicaragua las investigaciones seguían su curso.
Dicen que para muestra sobra un botón: en este caso, un fallo.
HOJA DE RUTA
* CASO: Tráfico internacional de armas. Nicaragua vendió armas a empresarios que decían representar a Panamá. El cargamento de 3mil fusiles AK 47 terminó en manos de paramilitares colombianos.
* LA CORTE: Decidió acoger un amparo solicitado por un empresario israelí. De esta forma impidió que siguieran las investigaciones.
* LAS DUDAS:Winston Spadafora era ministro de Gobierno cuando sucedió el escándalo y magistrado cuando se archivó la investigación.
El documento evidencia que el responsable del embarque era la Policía Nacional de Nicaragua
JOSE OTERO
Enviado especial
jotero@prensa.com
Facsímil del documento de embarque que detalla lo que el barco Oterloo cargó en el puerto de Rama. Abajo, imagen de la nave anclada en Colón.
MANAGUA, Nicaragua._ Contrario a lo declarado por parte de la tripulación del barco Otterloo, que señala no haber cargado nada en Nicaragua durante la permanencia de esta embarcación en noviembre del 2001 en el puerto de Rama, La ´Prensa tuvo acceso a un documento que certifica que en esta nave se montaron 14 contenedores con 3 mil fusiles AK-47 y 5 millones de municiones que tenían como destino final la Policía de Panamá.
El citado documento está incluido en el expediente de la investigación que adelanta el Gobierno de Nicaragua sobre este caso, está fechado el 2 de noviembre del 2001 y lleva firmas y sellos de la administración de Aduanas adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua.
También incluye el documento la firma del capitán del barco Otterloo, el mexicano Jesús Fernando Iturrios Maciel, quien deja constancia que en la nave bajo su mando se embarcaron en la fecha mencionada 14 contenedores de 20 pies de largo cada uno que contenían 300 cajas de fusiles AK-47, con un total de 3 mil de estas armas.
Además la carga incluía 3 mil 493 cajas de cartuchos de calibre 7.62 milímetros, lo que representaba un total de 5 millones de balas para AK-47.
La transacción la realizó la empresa naviera nicaragüense Agencia Vassalli , donde se establecía que toda la carga tenía un peso de 173.1 toneladas métricas.
Además, se deja en evidencia que el responsable del embarque era la Policía Nacional de Nicaragua, con sede en Plaza El Sol, Managua, Nicaragua y como consignatario a la Policía Nacional de Panamá.
Otras especificaciones del documento reflejan que la carga fue embarcada en el buque Otterloo, numerado 407, bajo el mando del capitán Jesús Iturrios, de nacionalidad mexicana, en el puerto de Rama, Nicaragua y que debía desembarcar en Colón, Panamá.
De igual forma, otro documento al que tuvo acceso La Prensa revela que el Otterloo llegó al puerto de Rama en Nicaragua, el 26 de octubre del 2001 procedente de Veracruz, México, y su tripulación estaba compuesta por el capitán Jesús Fernando Iturrios Maciel, de nacionalidad mexicana con pasaporte A-B-MON 316; el segundo oficial, el panameño, Carlos Alberto Aguilar Valdés, pasaporte 8-379-239 ; los mexicanos Jesús Ernesto Yejun Rodríguez, ingeniero mecánico, pasaporte 01040018316; Luis Sandoval Ibarra (cocinero) 01040058427; Leopoldo Pérez Ramírez, pasaporte 98040035804; Pedro Martínez Andrade, pasaporte 98040014152; y Jaime Humberto López Pacheco, pasaporte 01040034793.
La embarcación Otterloo es propiedad de la empresa naviera panameña, Trafalgar Maritime International Inc, cuyos dignatarios son el mexicano Miguel Onnattoti Ferriz y los panameños, Ignacio Robles Chambers y Carmen Cecilia Rangel. Gustavo Padilla aparece como agente residente.
Hasta el momento solo ha declarado el segundo oficial, el panameño Carlos Aguilar quien señaló que la nave llegó a Nicaragua para reparaciones en el cuarto de máquinas y no se cargó nada, según dijo el abogado Padilla.
Dentro de este contexto, el 5 de noviembre de 2001 se desembarcaron e se introdujeron al territorio nacional tres mil fusiles AK 47 y cinco millones de cartuchos calibre 5,62 mm, para los mismos, arsenal transportado en el barco Otterloo. Este desembarco se produjo en el puerto de Zungo, específicamente en los patios de la empresa Banadex S.A., lugar de donde partieron las armas en catorce camiones con destino a las organizaciones paramilitares de Córdoba y Urabá. El entonces jefe paramilitar Carlos Castaño admitió públicamente que este hecho se consistía en “su mejor gol” [5]. La mayoría de estas armas nunca fueron entregados como parte del proceso de demovilización paramilitar realizado entre 2003 y 2006. El 16 de enero de 2008 la continuación de estos crímenes patrocinados e impulsados por Chiquita Brands quedó al descubierto cuando la policía nacional incautó a la organización paramilitar del “desmovilizado” Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, hermano mayor del ex jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, 47 fusiles AK-47 que al parecer provenían del mismo barco Otterloo [6].
Además de estar sustentado tanto en los sistemas judiciales de Colombia y Estado Unidos, esta relación entre Chiquita Brands International y la estructura paramilitar en Colombia -y por ende la responsabilidad de esta empresa en la comisión de múltiples crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de los derechos humanos- ha sido corroborado durante el último año por diferentes jefes paramilitares como Salvatore Mancuso Gómez, alias Santander Lozada, Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán, Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, Nodier Giraldo Giraldo, alias el Cabezón o Jota, y Éver Veloza García, alias HH [7]
El 17 de septiembre de 2007 Chiquita Brands International se declaró culpable del delito de “involucrarse en transacciones con terroristas globales especialmente designados” ante el Juzgado del Distrito de Columbia (EEUU) y fue condenado a pagar 25 millones de dólares al respectivo Departamento de Justicia. Según el memorando de condena del Gobierno, la Corte determinó que los pagos de Chiquita a organizaciones paramilitares fueron “revisados y aprobados por altos ejecutivos de la corporación, incluyendo oficiales, directores y empleados de alto rango”. Asimismo, la Corte consideró que a más tardar de septiembre de 2000 los directivos principales de Chiquita fueron informados que “la empresa efectuaba pagos a las AUC y que las AUC eran una organización paramilitar violenta dirigida por Carlos Castaño”. Además, un abogado de Chiquita realizó una investigación sobre los pagos en agosto de 2000 y elaboró un informe, lo cual dejó en claro que “la Convivir fue una mera fachada para las AUC y describió las AUC como una ‘organización paramilitar ilegal ampliamente conocida’”. Por último, este abogado interno “presentó los resultados de su investigación al Comité de Auditoría de la Junta Directiva durante una reunión en la sede del acusado Chiquita en Cincinnati [EEUU] en septiembre 2000″ [8]. A cambio de esta aceptación de responsabilidad, la Corte decidió no proseguir con cargos penales o individualizar las responsabilidades de los directivos implicados, lo cual también abrió las puertas para el avance de los procesos penales en Colombia y la eventual extradición de los responables.
A raíz de todo eso, desde hace más de un año, diferentes altos funcionarios y políticos de Colombia y Estados Unidos han declarado reiteradamente a favor de la investigación y extradición de los altos funcionarios y directivos de Chiquita Brands [9]. Inclusive, la Fiscalía General de la Nación supuestamente se ha adelantado gestiones al respecto. Según el periódico Union-Tribune de San Diego (EEUU) del 20 de marzo de 2007, el Fiscal General de Colombia dijo que exigiría la extradición de “ocho personas presuntamente involucradas en los pagos de Chiquita” [10]. Aunque ninguna persona fue identificada en este momento, el fiscal general Mario Iguaran Arana afirmó que “deberían ser juzgados en Colombia, no solo por los pagos extorsivos, sino por el transporte y almenacenamiento de 3,000 fusiles” [11]. Luego, el 7 de diciembre de 2007, el periódico El Tiempo informó que la Fiscalía General de la Nación dictó una orden para llamar a indagatoria bajo cargos de concierto para delinquir agravado y financiación de grupos armados ilegales a los siguientes directivos de Chiquita: ROBERT FISHER, STEVEN G. WARSHAW, CARL H. LINDNER, DURK I. JAGER, JEFFREY D. BENJAMIN, MORTEN ARNTZEN, RODERICK HILLS, CYRUS F. FREIDHEIM, y ROBERT OLSON [12].
No obstante, en abril de 2008 el fiscal general Mario Iguaran Arana alegó que aún no se podía adelantar el proceso de extradición por la falta de “individualizar y judicializar” a los implicados. “Sí hay unos directivos de Chiquita Brands, pero no podremos nosotros pedirlos en extradición, sino que tenemos que tener una información que es la contentiva en ese acuerdo que celebró con la Corte norteamericana y que incluye un pacto de confidencialidad”, afirmó Iguarán [13].
Esta última afirmación sorprende aún más cuando se tome en cuenta que desde principios de enero de 2008 reposa en la Fiscalía General el Radicado No. 63.625 en el cual detalla exactamente las identidades de los directivos, ejecutivos y altos funcionarios de Chiquita implicados en este caso como los responsables por los pagos o la provisión de armas a organizaciones paramilitares, y como los presuntos determinadores y patrocinadores de los crímenes de lesa humanidad y las violaciones de derechos humanos cometidas por estas mismas [14].
Como se ve, no hay solamente “ocho personas presuntamente involucradas con los pagos de Chiquita” que se deberían investigar. Por sus cargos de dirección, auditoría, finanzas o operaciones, se deberían investigar y solicitar la extradición de por los menos 14 directivos, ejecutivos y altos funcionarios de Chiquita Brands International, a saber CYRUS FREIDHEIM JR., RODERICK M. HILLS, ROBERT OLSON, MORTEN ARNTZEN, JEFFREY D. BENJAMIN, STEVEN STANBROOK, DURK I. JAGER, JAIME SERRA, ROBERT F. KISTINGER, JAMES B. RILEY, ROBERT W. FISHER, CARL H. LINDNER, KEITH LINDER, y STEVEN WARSHAW [15].
Con base en lo anteriormente expuesto, exigimos al Fiscal General Mario Igaurán adelantar los trámites procesales correspondientes, tendientes a la prosecución, captura y extradición de los mencionados empresarios de la Chiquita Brands International por los crímenes cometidos en el territorio colombiano debido a su participación en la financiación de la estructura paramilitar y el ingreso de armas.
Es claro que la Fiscalía General de la Nación no tiene por qué esperar que Estados Unidos responda a la solicitud para avanzar en la investigación de los máximos responsables de los crímenes cometidos. La Fiscalía General de la Nación debe tomar medidas oportunas y eficaces que reflejen su voluntad de lucha contra la impunidad; éstas deben ser apoyadas por los respectivos funcionarios administrativos y judiciales de ambos países.
A continuación, cada uno de los implicados de Chiquita Brands:
Cyrus Freidheim Jr., presidente de la junta directiva, principal oficial ejecutivo, y presidente del comité ejecutivo desde el 19 de marzo de 2002 [16] hasta el 25 de mayo de 2004 [17].
Roderick M. Hills, director y presidente del comité de auditoría desde el 19 de marzo de 2002 [18] hasta junio de 2007 [19], asesor legal del entonces Presidente Ford en 1975, y presidente de la junta del Securities and Exchange Commission entre 1975 hasta 1977 [20] Según el periódico Los Angeles Times, el 22 de diciembre de 2003 declaró ante la junta directiva,”al parecer estamos cometiendo un delito” [21]
Robert Olson, vicepresidente, asesor legal, y secretario desde 1995 hasta el 31 de agosto de 2006 [22]. Según el Washington Post, el 3 de abril de 2003, Robert Olson relató a otros de la junta directiva que él y Hills pensaron que la empresa tenía una defensa fuerte y simplemente deberían dejar que el Departamento de Justicia “nos demandara, que nos persiga” [23].
Morten Arntzen, director y miembro del comité de auditoría desde el 19 de marzo de 2002 [24] hasta la fecha [25]. Según el Wall Street Journal, el noruego-estadounidense Morten Arntzen conoció de los pagos en abril de 2002, un mes después de entrar en la junta. “Cuando entré en la junta, sabía que la empresa efectuaba pagos a grupos paramilitares en Colombia”, declaró Morten Arntzen [26].
Jeffrey D. Benjamin, director y miembro del comité ejecutivo y de auditoría [27] desde el 19 de marzo de 2002 [28] hasta el 6 de febrero de 2007 [29].
Steven Stanbrook, director y miembro del comité ejecutivo [30] desde el 21 de diciembre de 2002 [31] hasta la fecha [32]. Stanbrook también fue miembro del comité de auditoría entre 2002 y 2004 [33].
Durk I. Jager, director [34] desde diciembre de 2002 [35] hasta la fecha [36], y miembro del comité de auditoría desde 2005 hasta la fecha [37]. Jager, de nacionalidad holandesa, trabajó con Proctor & Gamble desde 1970 [38] hasta 2000, cuando renunció de la junta directiva [39].
Jaime Serra, director desde febrero de 2003 [40] hasta la fecha [41]. Serra, de nacionalidad mexicana, fue subsecretario de Hacienda, secretario de Comercio y secretario de Finanzas de su país [42].
Robert F. Kistinger, ha desempeñado cargos como presidente, principal oficial de operaciones, director, miembro del comité ejecutivo y de auditoría, entre otras, desde 1999. Lleva más de veinte años en Chiquita [43].
James B. Riley, vicepresidente y principal oficial financiero entre 2001 [44] y septiembre de 2004 [45].
Robert W. Fisher, director y principal oficial de operaciones desde el 19 de marzo de 2002 [46] hasta la fecha [47]. Desde 1991 hasta 1993 y desde 1996 a 1998, Fisher se desempeñaba como principal oficial de operaciones para las operaciones bananeras del Grupo Noboa. Previo a vincularse al Grupo Noboa, Fisher pasó 25 años en Dole Food Company, incluyendo sus últimos cuatro años como presidente [48].
Carl H. Lindner, presidente de la junta directiva desde 1984 hasta marzo de 2002 y principal oficial ejecutivo desde 1984 hasta agosto de 2001 [49]. Según la revista Mother Jones, entre 2000 y 2004, fue el mayor donante privado a partidos políticos en Estados Unidos [50].
Keith Linder, hijo de Carl H. Lindner, vicepresidente de la junta directiva y miembro del comité ejecutivo entre 1996 y 2000 [51].
Steven Warshaw, comité ejecutivo, presidente, principal oficial de operaciones y principal oficial financiero entre 1996 y 2000 [52].
Notas al Pie de Página
[1] Morten Arntzen, actual director y miembro del comité de auditoría. (Ver: Ex-Chiquita director faces legal jeopardy. Cohen, Laurie P., Wall Street Journal, Nueva York, Agosto 2 de 2007, http://siliconinvestor.advfn.com/readmsg.aspx?msgid=23764163).
[2] Acusación Formal: Caso EEUU contra Chiquita Brands. Juzgado del Distrito de Columbia, EEUU, No. Criminal 07-055, Marzo 13 de 2007, párafos 19, http://www.derechos.org/nizkor/corru/doc/indictment.html.
[3] Acusación Formal: Caso EEUU contra Chiquita Brands. Juzgado del Distrito de Columbia, EEUU, No. Criminal 07-055, Marzo 13 de 2007, párafos 19, http://www.derechos.org/nizkor/corru/doc/indictment.html.
[4] Como por ejemplo, según la revista Semana, “las matanzas de ‘Jorge 40′ han ocurrido en territorios donde hay en curso grandes negocios o empresas. La zona del país donde más fosas comunes existen, después de Putumayo, es la zona de Ciénaga y Fundación. Allí la Fiscalía ha detectado más de 300 tumbas clandestinas, rodeadas de lo que fuera una próspera industria bananera, donde además tuvo participación la controvertida multinacional Chiquita Brands”. (Ver: El verdugo. Revista Semana, Junio 30 de 2007, http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=104755). (Para más contexto general ver también: De la United Fruit Company a Chiquita Brands International, Cincinnati, Ohio, EEUU. Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. Abril de 2006, http://www.sinaltrainal.org/index.php?option=com_content&task=view&id=119&Itemid=64; Una historia de impunidad. El Espectador, Editorial, Septiembre 22 de 2007, http://www.casamerica.es/es/horizontes/zona-andina/una-historia-de-impunidad?referer=/es/casa-de-america-virtual/literatura/articulos-y-noticias/contra-el-olvido).
[5] Proceso 63.625. Fiscalía 18, Unidad Nacional contra el Terrorismo, Resolución de fecha 1º de agosto de 2003; Informe de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos sobre el desvio de armas nicaragüenses a las Autodefensas Unidas de Colombia. Organización de Estados Americanos, OEA/Ser.G, CP/doc. 3687/03, Enero 29 de 2003, http://www.grip.org/bdg/g2052.html.
[6] “El 16 de enero pasado se le incautó a la organización de ‘Don Mario’ 47 fusiles AK-47 que parecen provenir del barco ‘Otterloo’. Con el bloque ‘Heroes de Castaño’, Daniel Rendón Herrera se ha apoderado de áreas de varios ex jefes paramilitares y ha matado a 70 personas cercanas a quienes asesinaron a su amigo Carlos Castaño. [...] Desde hace al menos un año, empezó a apropiarse de los mercados del narcotráfico y de los espacios ‘militares’ que antes ocupaban los ex ‘paras’ Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo Bejarano, ‘Don Berna’ y Ramiro Vanoy Murillo, alias ‘Cuco’. [...] De los 3 mil 500 fusiles del ‘Otterloo’, los desmovilizados tan solo le entregaron una mínima parte al gobierno Uribe dentro del proceso de desmovilización de las Auc. Las autoridades trabajan la hipótesis de que con el remanente ‘Don Mario’ está rearmando a su ejército, un híbrido entre ex autodefensas y narcotraficantes [...]. ‘Don Mario’ aparecía oficialmente entre los desmovilizados de la estructura del Bloque Élmer Cárdenas, entonces al mando de su hermano menor, alias ‘El Alemán’. Y aunque el Gobierno ha reiterado que quien vuelva a delinquir pierde automáticamente los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, aún no hay un mecanismo legal habilitado para tal fin”. (Ver: ‘Don Mario’, narco ligado a los hermanos Castaño, es ahora el capo más buscado del país. El Tiempo, Febrero 8 de 2008, http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/mario.html). (Ver también: “Don Mario” quiere expandir a sangre y fuego su negocio. El Colombiano, Medellín, Febrero 8 de 2008, http://www.elcolombiano.com.co/BancoConocimiento/D/don_mario_quiere_expandir_a_sangre_y_fuego_su_negocio/don_mario_quiere_expandir_a_sangre_y_fuego_su_negocio.asp).
Tomado de: ANNCO
Enviado el Domingo, 03 abril a las 12:32:43 por franckoi
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