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La Justicia en un Muladar
Toto Velásquez, desde 1992 hasta la fecha, ha mantenido relaciones con todos los gobiernos.














El sonado caso de PAMAGO y las denuncias de corrupción en la Corte Suprema de Justicia, es una muestra más de la prolongación de la disputa que viene desarrollándose entre dos clanes de la mafiocracia criolla con fuertes vínculos con grupos económicos y políticos y las mafias internacionales.

De eso no escapa el Ejecutivo ni del actual ni de los pasados gobiernos que siempre se han empeñado por controlar al Órgano Judicial y al Ministerio Público, ya sea mediante el nombramiento de incondicionales o a través de presiones y chantajes de todo tipo.

La separación de Ana Matilde Gómez de la Procuraduría y las posteriores revelaciones de cómo se fraguó la misma, evidencia el nivel de confrontación de estos clanes.

Se trata de una serie de intrigas, traiciones, viejas rencillas, negociados, estafas, celos profesionales, extorsiones y de corrupción en que se encuentran un grupo de abogados y funcionarios muy cuestionados por la opinión pública pero que gracias a los contactos que han mantenido a lo largo de los distintos gobiernos con las cúpulas del poder y a los trucos legales que ponen en práctica, siempre han salido bien librados de la justicia, la cual es inexistente en Panamá cuando de ladrones de cuello blanco se trata.

El abogado Sidney Sitton (defensor en otras ocasiones de verdaderos capos de la mafia), ha denunciado que su anterior amigo, Blas “Toto” Velásquez, hoy amigo íntimo del Magistrado José Abel Almengor y de otros magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo amenazó de muerte.

Blas “Toto” Velásquez es conocido desde hace tiempo como el décimo magistrado.  Se le ha señalado como el intermediario ante los magistrados para el pago de sobornos a cambio de fallos a favor de determinadas personas.

Según La Prensa, Blas Velásquez Gordillo nació en Santiago de Veraguas. Su nombre alcanzó titulares de prensa en 2000, luego que el influyente diario estadounidense The Miami Herald informara de un encausamiento en Estados Unidos a dos panameños por estar supuestamente vinculados en una "conspiración" para contrabandear heroína y la droga éxtasis. Velásquez, quien recientemente había abandonado el Ministerio de Gobierno y Justicia, negó en Panamá esos cargos y prometió, en ese entonces, acciones legales con miras a limpiar su nombre.

Toto Velásquez fue asesor de Winston Spadafora en el Ministerio de Gobierno y Justicia, durante el Gobierno de Mireya Moscoso.  Luego del nombramiento de éste como Magistrado, diversas fuentes afirmaron que Toto Velásquez se paseaba por los pasillos de la Corte Suprema de justicia y hasta tenía un estacionamiento particular.

Fue denunciado por sobornos y arrestado, pero liberado inmediatamente por Ana Matilde Gómez.  Mantuvo buenas relaciones con Martín Torrijos.  El mismo Toto Velásquez señaló que el Charro Espino, tío de Martín Torrijos, implicado en una venta ilegal de tierras y daños ecológicos, le pidió que intercediera por él ante la Corte.

Toto Velásquez, desde 1992 hasta la fecha, ha mantenido relaciones con todos los gobiernos.

El tema del pago de sobornos vuelve a surgir en el caso de PAMAGO y hasta la Embajada de Estados Unidos expresó su “indignación” por el fallo de la Corte panameña en un caso de tráfico de armas para los paramilitares colombianos donde según sus informaciones los jueces habían recibido sobornos.  Esto pudo conocerse gracias a la difusión de los cables de Wikileaks.    Información al respecto estamos anexando con esta nota, al igual que otras informaciones sobre el personaje Blas Toto Velásquez, que nos hace recordar a otras figuras siniestras como Ricardo Bilonick, Eduardo “Rumba” Alfaro, David Murcia, Ramón Martinelli Corro y su pandilla, entre otras tantas, con nexos con sectores en el poder.

Por la impunidad reinante, el pueblo tiene la sensación que frente a las nuevas denuncias surgidas no volverá a pasar nada.  Eso será así mientras estos clanes de la Mafiocracia sigan manejando al país, los órganos de Estado, los partidos políticos y jugando con la opinión pública gracias al control que ejercen sobre importantes medios de comunicación.

El pueblo se asquea de tanta basura acerca de la justicia, mientras se debate en medio del alza del pasaje, de la canasta básica familiar, de los bajos salarios, de la inseguridad, de los crítica situación de salud, falta de agua potable, pésima situación de los colegios, entre otros tantos problemas.

Mientras tanto la justicia sigue en un muladar.

Panamá, jueves 6 de diciembre de 2007

POLÉMICA. ACUSAN A LOS MAGISTRADOS TROYANO Y CIGARRUISTA DE QUERER COBRAR POR UN FALLO.

Ratifican denuncia por extorsión

Dolores Guerra contó ayer que en 2006 fue visitada en su casa por el ex asesor de Gobierno y Justicia.

Blas Velásquez niega que haya entregado propuesta o fallo alguno, caso por el que fue retenido este martes.

LA PRENSA/Carlos Lemos

ANUNCIO. Blas ‘Toto’ Velásquez (centro) y sus abogados anunciaron ayer demandas contra medios de comunicación

Redacción de La Prensa

panorama@prensa.com

Dolores Guerra ratificó ayer su denuncia por supuesta extorsión contra Blas Toto Velásquez, ex asesor del Ministerio de Gobierno y Justicia bajo la administración de Winston Spadafora.

En entrevista con este diario en Chiriquí, Guerra aseguró que Velásquez le pidió 2 millones de dólares a nombre de los magistrados de la Corte José Troyano y Alberto Cigarruista, para que la empresa de su familia, Ganadera Guerra, ganara un litigio de terrenos contra Aes Panamá.

Según precisó, el litigio de terrenos tiene que ver con dos de las 181 hectáreas de una finca propiedad de su padre, situada en Chiriquí, las cuales están en una zona de importancia para el mantenimiento de la hidroeléctrica La Estrella, propiedad de la compañía Aes Panamá, cuyos dueños, sin embargo, alegan que por prescripción adquisitiva dicho globo de tierras les pertenece.

Este caso fue fallado a favor de Guerra en dos instancias judiciales, incluyendo el Tribunal Superior de David, pero Aes Panamá introdujo un recurso de casación en la Sala Primera de lo Civil de la Corte, a fin de invalidar dichos fallos.

El ponente del caso es el magistrado José Troyano, mientras que Cigarruista es otro de los miembros de la Sala.

Las visitas de Velásquez

Luego que el caso llega a la Sala Primera de la Corte, aparece en el escenario la figura de Blas Velásquez, según la denuncia de Guerra.

Supuestamente, Velásquez llegó en 2006 a su casa en Boquete y le dijo: "No te has manifestado con los magistrados Cigarruista y Troyano".

Luego, le explicó que los magistrados supuestamente estaban interesados en ayudarla con el recurso de casación. "Solo queremos un millón, pues fallando por tu lado no estaremos haciendo trampa", le habría dicho Velásquez a Guerra, según esta última.

Más tarde, apuntó, la suma subió a 2 millones de dólares y se le exigió que los pagara en 20 pagos de 100 mil dólares cada uno.

"Se me enviaron emisarios y se me solicitó que le diera poder del caso al abogado Sidney Sittón", acotó.

Guerra admitió que, como su vida era "un mar de dudas", le pidió a Velásquez una prueba del trámite y fue cuando este le entregó un borrador del fallo del caso Aes.

Ella salió corriendo del restaurante donde ambos estaban en Vía Argentina, y pidió apoyo a la Policía Nacional, que retuvo a Velásquez.

Descargos

Consultado sobre la denuncia, Troyano afirmó no tener nada que ver con la supuesta extorsión y calificó como falsas estas afirmaciones.

Explicó que, en efecto, hay un anteproyecto de borrador de este caso, pero aclaró que el documento no cuenta con la firma de ninguno de los tres magistrados de la Sala, por lo que mal podrían conocer el contenido de este.

Aseguró que es muy común que personas inescrupulosas se hagan pasar como supuestos "intermediarios" de magistrados para negociar los fallos.

Pese a que reconoció que conoce a Velásquez desde que llegó al puesto de magistrado, en 1998, aclaró que no lo puede calificar como un amigo.

Dijo que Velásquez, a pesar de no ser abogado de profesión, es una persona que hace constantes visitas a la Corte para saludar a funcionarios de ese órgano, entre los que se incluyen actuales magistrados, con los cuales, según añadió, mantiene una vieja amistad, inclusive antes de que estos últimos llegarán a la magistratura.

Competencia declinada

En tanto, la procuradora, Ana Matilde Gómez, informó que ayer ordenó la liberación de Velásquez y remitió el expediente a la Asamblea Nacional tras considerar que la denuncia hace referencia a un supuesto proyecto de fallo de la Corte, por lo que su despacho no tiene competencia para adelantar las investigaciones.

Además, explicó que el delito que se desprende de la denuncia es el de tráfico de influencias, que tiene una pena mínima de seis meses y máxima de cuatro años, por lo que no cabe la detención preventiva.

Precisó que remitió a la Asamblea toda la documentación presentada por Guerra, incluyendo el supuesto proyecto de fallo, para que sea ese órgano del Estado el que decida si hay méritos para abrir una investigación.

TOTO, EL AMIGO DE TODOS

Entretanto, Velásquez afirmó no conocer a Guerra antes de que un amigo mutuo, médico de profesión, le pidiera apoyo para que le consiguiera un abogado.

Dijo que antes de este martes, cuando fue retenido, había visto a Guerra solo una vez. "Ella me llamó de Chiriquí y me pidió que nos reuniéramos. Yo le dije que no me interesaba, pero ante su insistencia le sugerí que lo hiciéramos en el despacho de abogados. Sin embargo, ella insistió en que nos viéramos en el restaurante y fue cuando pasó lo que pasó".

Velásquez negó tener amistades en la Corte. "Conozco a los magistrados como conozco a cualquier otra persona [...]conozco al Presidente, a ministros, a policías", precisó.

En tanto, sus abogadosValentín Jaén y Rogelio Cruz calificaron lo sucedido como un "espectáculo". "Blas Velásquez nunca hizo entrega de documento o propuesta alguna a Dolores Guerra", aseguraron.

Advirtieron que les preocupa el método judicial aplicado en el caso, que, de acuerdo con su criterio, violentó las garantías procesales de su cliente. Además, anunciaron demandas contra Guerra, funcionarios y medios de comunicación.

"Nos llama la atención la celeridad con que actuaron algunos medios y por ello hay que determinar de dónde provino la información", acotaron.

"So pretexto de hablar de corrupción, algunas personas y medios desprestigian a la Corte y esto es parte de esa campaña", dijeron.

(Con colaboración de Boris Gómez, José Otero, Rafael Luna Noguera y Rafael Pérez G.).

Acusación, rechazo y amenazas

De 65 años de edad, Blas Velásquez Gordillo nació en Santiago de Veraguas. Su nombre alcanzó titulares de prensa en 2000, luego que el influyente diario estadounidense The Miami Herald informara de un encausamiento en Estados Unidos a dos panameños por estar supuestamente vinculados en una "conspiración" para contrabandear heroína y la droga éxtasis. Velásquez, quien recientemente había abandonado el Ministerio de Gobierno y Justicia, negó en Panamá esos cargos y prometió, en ese entonces, acciones legales con miras a limpiar su nombre.

Según el rotativo miamense, Velásquez se describió a sí mismo, en una conversación grabada como "el hombre No.2" del aeropuerto de Panamá. Velásquez usaría su influencia para ayudar a contrabandear drogas ilegales hacia y fuera de Panamá, de acuerdo con la acusación firmada por el fiscal Richard Gregorie, según The Miami Herald. Siete años más tarde, vuelve a ganar titulares. Ahora se le acusa de supuestamente traficar influencias en el poder judicial. Él lo rechaza y promete acciones legales para limpiar su nombre.

5 de diciembre de 2007

Ponen en libertad a Blas Toto Velásquez

Mileika Bernal

De prensa.com

mbernal@prensa.com

El ciudadano Blas Toto Velásquez, ex asesor del Ministerio de Gobierno y Justicia bajo la administración de Winston Spadafora, fue puesto en libertad porque no hay pruebas de la acusación de que supuestamente solicitó dinero a cambio de influir en una decisión judicial.

La procuradora General de la Nación Ana Matilde Gómez aclaró que esa institución no puede mantener aprehendido a Velásquez y que lo que corresponde en ponerlo en libertad.

Gómez indicó que la pena mínima en este tipo de delito es seis meses a cuatro años, y que el caso será remitido a la Asamblea Nacional.

Sostuvo que la Asamblea Nacional decidirá si se inicia una investigación a Velásquez o no.

Panamá, miércoles 12 de diciembre de 2007

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

Gómez: ‘No tengo nada contra Spadafora’

Blas ‘Toto’ Velásquez no solo tiene amigos en la justicia: conoce a varios empresarios y políticos.

LA PRENSA/Archivo

Santiago Fascetto

sfascetto@prensa.com

La procuradora, Ana Matilde Gómez, rechazó ayer de plano cualquier enemistad con el magistrado Winston Spadafora. "No tengo nada contra él", aclaró en diálogo con este diario. "No soy –amplió– su amiga ni su enemiga: solo lo conozco en su calidad de magistrado de la Corte Suprema".

Así respondió Gómez a las palabras de Blas Toto Velásquez, el hombre denunciado por tramitar supuestos fallos de la Corte Suprema a cambio de dinero. Velásquez había asegurado que detrás de la acusación en su contra se escondía una rivalidad entre la Procuradora y Spadafora

No obstante, Gómez señaló que el Ministerio Público tiene el mandato constitucional de recibir denuncias y que, en ese sentido, recibió a María Guerra. La funcionaria explicó que, una vez conocido el contenido del escrito, lo giró a la Asamblea Nacional por tratarse de un caso que involucra a magistrados del máximo tribunal.

Velásquez insiste en que su amistad con Spadafora lo involucró en el enredo legal. Pero dentro del "planeta" Velásquez no solo existen personas vinculadas a las leyes, sino también empresarios y políticos.

Una anécdota lo pinta de cuerpo entero: "Un día me llamó [Rodolfo] Charro Espino para pedirme que intercediera por él ante la Corte, en su causa por el tema de los manglares, y yo le dije: ‘Charro no seas loco", contó, sobre el tío del presidente, Martín Torrijos.

Velásquez hoy ocupa el puesto de administrador judicial de la terminal de buses de Colón. Ese no fue su primer empleo: trabajó en la ex Autoridad Portuaria Nacional entre los años 1992 y 1997. Comenzó en la gestión de Jerry Salazar y continuó cuando tomó el control Hugo Torrijos, de quien, además, es compadre.

"Toto [Velásquez] es la última persona a quien le pediría que recaude dinero en mi nombre: él no se calla nada", dijo uno de sus ex jefes. "Pero era muy eficiente y trabajador", añadió.

Quizás la primera frase tenga algo de cierto: Velásquez contó que, tras su detención temporal el pasado 5 de diciembre, el propio presidente Martín Torrijos le mandó a decir –a través de una tercera persona– que la mujer que lo denunció no estaba en sus cabales.

Velásquez coincide con esta última afirmación y prometió entregar unos papeles que prueban la "historia oculta" de Guerra, quien lo acusó de intentar venderle un supuesto fallo del magistrado José Troyano que resolvía a su favor una disputa legal.

Las relaciones que fue tejiendo con los años Velásquez no se limitan a contactos políticos: el día de su arresto, los primeros en presentarse a la dependencia policial para ayudarlo fueron los empresarios Benjamín y Solly Btesh. "Son muy amigos míos", aclaró.

Velásquez conoció a Winston Spadafora a través de su hermano. "Era muy amigo de Hugo Spadafora con quien peleé en el exterior", comentó. "He visto –amplió– la muerte varias veces".

La relación con el fallecido médico lo llevó a acercarse al magistrado. "Me contrataron en Gobierno y Justicia seis meses para fiscalizar las cárceles, pero el trabajo no me gustaba y me fui", dijo, al aclarar que no era asesor de Spadafora durante el paso de este último por la gestión de Mireya Moscoso.

Su cercanía a Spadafora le permitió caminar los pasillos de la Corte.

Del diario El Tiempo de Colombia, 21 de abril de 2002.

LOS FUSILES DEL OTTERLOO

La bandera panameña del Otterloo , que en sus bodegas escondía un arsenal para equipar a un ejército de 3.000 hombres, comenzó a agitarse en aguas colombianas la noche del 10 de noviembre pasado.

La bandera panameña del Otterloo , que en sus bodegas escondía un arsenal para equipar a un ejército de 3.000 hombres, comenzó a agitarse en aguas colombianas la noche del 10 de noviembre pasado.

Después de las maniobras necesarias para atracar en el puerto de Turbo (Antioquia), en el golfo de Urabá, sobre el océano Atlántico, el buque empezó a ser descargado a las 11 de la noche por una decena de hombres.

La embarcación había zarpado del puerto de Veracruz (México) dos semanas atrás con 23 contenedores repletos de pelotas plásticas. Al muelle colombiano llegaron igual número de recipientes pero en 14 de ellos, en vez de los juguetes, venían 3.000 fusiles AK-47 y 5 millones de cartuchos calibre 7,62 milímetros.

La carga pasó los controles de las autoridades portuarias de Turbo y, dos horas después, varios camiones con sus bodegas llenas de pelotas, fusiles y balas partieron hacia los departamentos de Antioquia y Córdoba.

Un mes después, cuando las autoridades colombianas fueron alertadas de que a territorio nacional había entrado un poderoso arsenal, ya era muy tarde: Los camiones habían entregado su carga y los destinatarios no dejaron rastros.

Ante el riesgo que implica 3.000 fusiles en manos de algún grupo armado ilegal, hombres de inteligencia de la Policía colombiana se infiltraron en algunos puertos. A la semana establecieron que el armamento, aparentemente, había sido comprado por la Policía de Panamá a su similar de Nicaragua y que en el momento de la entrega, fue desviado a Colombia.

Con esa información, inmediatamente la Policía integró una comisión de investigadores de la Dirección de Inteligencia (Dipol) para que estableciera el origen y el paradero del que es considerado el arsenal más grande que ha ingresado ilegalmente a territorio colombiano en toda la historia.

Incluso, supera el intento de la guerrilla del M-19, que trató de entrar 1.000 fusiles FAL y 1 millón de balas en el buque El Karina , que finalmente fue hundido en el océano Pacífico, el 14 de noviembre de 1981, por la Armada colombiana.

La maniobra en El Bluff.

En sus viajes entre los tres países, los investigadores de la Policía colombiana encontraron que el origen del arsenal se remonta a febrero del 2000, cuando una empresa privada aseguró a la Policía nicaraguense que representaba a la Policía de Panamá, interesada en comprarles un lote de armas.

Tras el fin del conflicto interno de Nicaragua de los años 80, en este país centroamericano quedó un gran remanente de todo tipo de material bélico que hacen que naciones, compradores legales y hasta los traficantes internacionales quieran abastecerse allí de armamento.

Después de varios contactos, visitas y demostraciones, el comprador aseguró que las armas más indicadas para la Policía panameña eran los fusiles AK-47. Los representantes la empresa adelantaron las gestiones de compra y presentaron las órdenes y la documentación necesaria para adquirir 3.000 fusiles de ese tipo y 5 millones de balas calibre 7,62 milímetros.

El negocio se cerró a mediados de ese año y la entrega del arsenal se pactó para el 2001.

Cuando los investigadores colombianos fueron a contactar a la empresa intermediaria en el negocio, encontraron que esta solo existía en el papel, que tenía un domicilio inexistente, que, obviamente, no tenía nexos con la Policía de Panamá y que había falsificado toda la documentación y firmas requeridas para la compra de las armas.

En la reconstrucción del ilícito, los hombres de inteligencia de la Policía establecieron que la falsa empresa, al aproximarse la fecha de entrega del arsenal, compró en México un lote de pelotas plásticas y que además, contrató a una transportadora marítima para que a mediados de octubre recogiera esa mercancía en Veracruz y la entregara en Colombia.

El 19 de octubre pasado, el barco Otterloo , con siete tripulantes a bordo bajo el mando del capitán mexicano Jesús Fernando Iturrios Maciel, fue cargado en el puerto de Veracruz con 23 contenedores llenos de pelotas plásticas.

Una semana después, cuando el buque transitaba por aguas internacionales frente a Nicaragua, el capitán Iturrios reportó que el Otterloo tenía problemas mecánicos, por lo que necesitaban llegar a algún puerto cercano.

Previamente, la empresa intermediaria había recogido el arsenal en la Plaza El Sol, de Managua, y lo había transportado hasta Puerto Rama, en el Atlántico nicaraguense.

El 26 de octubre el buque fondeó en El Bluff (Nicaragua). Durante una semana se le hicieron al Otterloo reparaciones en el cuarto de máquinas y la tripulación se abasteció de agua potable y alimentos.

Ese lapso, aseguran los investigadores colombianos, también se aprovecho para sacar 14 contenedores de pelotas, de 20 pies cada uno, y, en su remplazo, embarcar la misma cantidad de recipientes pero con 300 cajas de fusiles AK-47 y 3.493 cajas de cartuchos calibre 7,62 milímetros. En total, 3.000 armas y 5 millones de balas.

El Otterloo prendió máquinas el 2 de noviembre con rumbo, aparentemente, a Colón (Panamá).

La estrategia, según los investigadores, en caso de ser requeridos por las autoridades marítimas de algún país centroamericano, era mostrar los certificados y los manifiestos de la venta de las armas. Si al llegar a aguas colombianas eran interceptados por las fuerzas navales, exponían la documentación de las pelotas plásticas.

El Otterloo jamás atracó en Colón, como efectivamente lo establecieron los investigadores colombianos. En cambio, el buque siguió hasta Turbo, donde fondeó el 10 de noviembre pasado y descargó los mismos contenedores con armas que fueron embarcados en territorio nicaraguense.

De Turbo a Colón.

Al atardecer del 11 de noviembre, el Otterloo abandonó las aguas del golfo de Urabá para buscar, lentamente, el puerto de Barranquilla. Allí, tres días después, recogió 800 toneladas de sorgo y partió hacia Venezuela.

Los hombres de inteligencia de la Policía colombiana establecieron que momentos antes de zarpar de territorio colombiano, el capitán Iturrios abandonó el barco, estuvo unos días en Barranquilla y luego se devolvió, vía aérea, a Panamá. El primer oficial, Carlos Alberto Aguilar Valdés, panameño, tomó el mando de la nave.

Mientras tanto, el Otterloo siguió hasta Venezuela donde dejó la carga y siguió hasta Surinam. De allí volvió a Barranquilla para recoger una grúa averiada y, finalmente, atracó en Colón al atardecer del 12 de diciembre del 2001.

La Policía de Panamá obtuvo información, a finales de enero pasado, acerca de que estaban comprometidos en la comercialización del material bélico y abrió una investigación interna para establecer la autorización de la compra.

En esas indagaciones, las autoridades entrevistaron a algunos de los tripulantes del buque, quienes se hundieron en un mar de contradicciones que sacaron a flote las dudas de los investigadores colombianos y de ese país acerca de la legalidad de la travesía del Otterloo .

Por ejemplo, el jefe de Máquinas del barco, Jesús Ernesto Yejún Rodríguez, de nacionalidad mexicana, relató que en el itinerario entre Veracruz y Colombia nunca recogieron carga y que en Nicaragua solo pararon para reparar el barco.

Por el contrario, Jaime Humberto Pacheco López, marino timonel del Otterloo y también mexicano, afirmó que en Nicaragua cargaron el barco con 14 contenedores.

Sobre este caso, el director de la Policía de Panamá, Carlos Barés, no respondió las cinco llamadas telefónicas que le hizo EL TIEMPO.

En diciembre pasado, Miguel Antonio Bernal, ex asesor presidencial de Mireya Moscoso, la mandataria panameña, cuestionó que a la Policía se le hubiera autorizado la compra de cerca de 5 millones de dólares en armas. Según él, el material se adquirió pero no se sabe a quién y si en realidad llegó a ese país. La Policía también guardó silencio en esa ocasión.

Actualmente, las autoridades colombianas siguen realizando tareas de inteligencia para establecer quién o cuál grupo tiene las armas y la munición, avaluadas en 32.500 millones de pesos. Puede que el arsenal lo tenga la guerrilla, las autodefensas o un traficante internacional que lo guardó como estación de tránsito a otro lugar , aseguró un investigador.

En ninguno de los países hay detenidos por este multimillonario contrabando de armas, pues de los fusiles y de las balas no hay rastro.

Lo cierto es que hasta el momento, en los decomisos de material de guerra que se han hecho en el país, ninguno de los fusiles AK-47 encontrados corresponden a los traídos en el Otterloo , que sigue haciendo trayectos por aguas colombianas.

Incluso, la semana pasada su bandera volvió a agitarse en el mar barranquillero.

VIGIAS DE PUERTOS.

Una vez se conoció el caso de Otterloo , la autoridades colombinas redoblaron la vigilancia en los puertos nacionales para evitar que sean ingresadas más armas, pues informaciones de inteligencia apunta a que se realizarán más desplazamientos de arsenales por la misma ruta que utilizo ese barco.

Un informe de inteligencia que la Policía de Panamá entregó a Colombia, de cuenta de cinco compañías, entre ellas la propietaria del Otterloo , realizaron continuos movimientos de armas desde Nicaragua hacia diferentes países. Ante esto, la Policía colombiana intensificó las medidas de control en las naves que llegan, especialmente a las empresas que son investigadas. Magistrado" que le pusieron no tiene nada que ver con su realidad económica.

Del diario El Tiempo, diciembre 2002.

CAE ISRAELÍ POR OTTERLOO

Cuando todo estaba listo para la entrega de un informe de la OEA sobre la venta de 3.000 fusiles nicaraguenses a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), una captura, la primera que se produce en el caso, hizo frenar en seco su divulgación.

Se trata del empresario israelí Shimon Yelinek, quien fue detenido por la policía el pasado 21 de noviembre en el aeropuerto de Tocumen, de Ciudad de Panamá, y de inmediato fue puesto a disposición de la Fiscalía Segunda de Drogas, que investiga el caso en ese país.

Según testimonios recopilados por los investigadores, Yelinek fue uno de los intermediarios en el presunto negocio de armas entre las policías de Nicaragua y de Panamá, que luego fueron desviadas ilegalmente a Colombia.

El jefe de la policía panameña, Carlos Barés, le confirmó a EL TIEMPO que el israelí se encuentra detenido en las instalaciones de la Policía Nacional. El está a disposición de las autoridades competentes, quienes son las que deberán determinar si participó o no en este desvío de armas , añadió.

En cuanto al informe de la OEA, el ex embajador de Estados Unidos en Colombia Morris Busby, responsable del mismo, al parecer ha solicitado al gobierno panameño una entrevista personal con Yelinek y podría viajar a este país en cualquier momento.

En abril pasado, EL TIEMPO reveló que el 5 de noviembre de 2001 el barco panameño Otterloo desembarcó en el puerto de Turbo (Antioquia) 14 contenedores en los que venían 3.000 fusiles AK-47 y 5 millones de balas calibre 7,62 milímetros.

 

 

 


Enviado el Lunes, 04 abril a las 15:28:06 por franckoi
 
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