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Gobierno de Martinelli violador de los derechos laborales y humanos (Audio)
Texto completo del discurso del compañero Marcos Andrade en la 100ª Conferencia Internaciomnal del Trabajo (OIT)

 



Intervención de Marcos Andrade, CONUSI-SUNTRACS en representación del  movimiento sindical panameño desde la 100ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT.

Marcos Andrade, Panamá

100ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT.

PALABRAS DEL COMPAÑERO MARCOS ANDRADE REPRESENTANTE SINDICAL DE PANAMA EN LA 100ª CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Distinguido Presidente de esta 100ª Conferencia Internacional del Trabajo

Sr. Juan Somavia, Director General de la OIT.

Estimados delegados de los gobiernos, empresarios y trabajadores de todas las latitudes

Público presente

Para nosotros constituye un alto honor poder hablar en esta importante Conferencia Internacional del Trabajo, en su histórica edición número 100, que hoy nos reúne bajo el lema “Construir un futuro con trabajo decente”.

Lo hacemos para hablar acerca de la difícil situación que padecen los trabajadores panameños.

Desde 1919, cuando la OIT surgió, hasta la fecha, el mundo ha sufrido grandes transformaciones y experimentando acontecimientos de impresionantes magnitud.

En ese período, trabajadores de todo el mundo se han movilizado, luchado y sacrificado en la búsqueda de mejores condiciones de trabajo, acordes con sus aspiraciones de conquistar para la humanidad un mundo verdaderamente justo, democrático y solidario.

Los últimos tiempos han sido verdaderamente duros. La instauración de un modelo de globalización neoliberal y la crisis económica mundial, han significado graves retrocesos para las conquistas y los derechos laborales. La situación es de tal magnitud que muchos pensamos que asistimos a nuevas formas de esclavización en pleno Siglo XXI.

Panamá no es la excepción. Desde el inicio del Gobierno que preside el empresario Ricardo Martinelli, el clima de violaciones de los derechos laborales y humanos del pueblo panameño se ha agudizado.

Dentro de poco asistiremos al primer año del espantoso episodio que conocemos como la Masacre de Bocas del Toro, cuando el pueblo humilde de esta provincia fue agredido de forma salvaje y cobarde por luchar contra la ignominiosa Ley 30, popularmente conocida como Ley Chorizo, que pretendía liquidar las organizaciones sindicales, conculcar el derecho a huelga, desconocer las convenciones colectivas de trabajo y otras sagradas conquistas de los trabajadores.

Luego de una memorable jornada de lucha la ley pudo ser derogada, pero el costo fue altísimo para el pueblo. El Gobierno, en un intento por minimizar los efectos de su acción criminal, sólo reconoce 2 muertos, Antonio Smith y Virgilio Castillo, pero una Comisión nombrada por el mismo Gobierno estableció el número de asesinados en cuatro y otros informes, incluido el de la Defensoría del Pueblo, cifran los muertos en más de diez, la mitad de ellos niños y casi todos indígenas, más de 500 heridos, 70 de ellos ciegos total o parcialmente por disparos de perdigones recibidos en sus rostros pese a que convenios internacionales en materia de derechos humanos prohíben el uso de este tipo de armamentos en manifestaciones públicas.

También hubo cientos de detenidos contra quienes todavía pesan como espada de Damocles expedientes amañados, al igual que contra un sector importante de la dirigencia sindical sobre la que se desató la persecución, los arrestos y amenazas de muerte.

Más recientemente, otra fuerte represión se lanzó contra los pueblos originarios en su lucha contra los proyectos mineros a cielo abierto dentro de sus comarcas. Un saldo de al menos un muerto y un número plural de heridos y detenidos fue el resultado de esta jornada de lucha. Si bien el Gobierno retrocedió en sus planes inmediatos, aún insiste en proyectos lesivos al ambiente y a la existencia misma de numerosas comunidades, mientras interfiere en la forma como históricamente los pueblos originarios eligen sus autoridades buscando de esta manera controlarlos con la imposición de autoridades títeres al oficialismo, a la vez que se niega a ratificar el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas.

A menos de 2 años de Gobierno, Ricardo Martinelli ha causado a los trabajadores más muertos, heridos y encarcelados, que los acontecidos en los últimos 22 años del supuesto período democrático.

Continuando las políticas de anteriores gobiernos, persiste la violación constante del Convenio 87 de la OIT sobre Libertad Sindical, se niega el derecho de amplios sectores de trabajadores a organizarse, se rechazan las solicitudes de personerías jurídicas y la sindicación no existe en Panamá para los empleados públicos, para los trabajadores bancarios, de la Zona Libre de Colón, del sector educativo, puertos, call centers, entre otros. A los trabajadores del Canal no se les reconoce el derecho a huelga, pese a que éste tiene rango constitucional.

En algunas instituciones se ha establecido un régimen de terror y de persecución contra los dirigentes de los trabajadores como en el caso de la Caja de Seguro Social. Allí fueron despedidos los compañeros Gabriel Pascual y Juan Samaniego, por oponerse a las arbitrariedades de la administración, sus intentos de quebrar económicamente la institución y justificar con ello su privatización. También existe persecución y los intentos de juicio amañados contra los representantes de los trabajadores en la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social.

Más recientemente, a nivel educativo, una feroz campaña de persecución contra la dirigencia magisterial ha causado la destitución de varios representantes de los educadores. La finalidad es destruir las organizaciones magisteriales que se oponen a un improvisado y transnochado proyecto transformación curricular y que reclama soluciones reales al deplorable estado en que se encuentran los colegios.

En una gran cantidad de empresas y proyectos, las autoridades corruptas del Ministerio de Trabajo, en asocio con empresarios locales e inversionistas foráneos, emiten fallos descabellados contra los trabajadores, permiten graves violaciones a los convenios colectivos y la libertad sindical y fomentan el sindicalismo amarillo mediante el reconocimiento de seudo dirigentes sindicales que a cambio de prebendas y beneficios económicos, venden convenciones colectivas que implican reducción de salarios y desmejoramiento de condiciones de trabajo, aumentando con ello los riesgos laborales que se traducen en un número plural de muertos y accidentados en los centros de trabajo, llegándose hasta negar el derecho a la seguridad social.

En proyectos y empresas donde se presentan conflictos laborales, el Gobierno incluso impide el ingreso de los trabajadores en lucha, valiéndose para ello de la presencia policial que convierten las instalaciones prácticamente en campos de concentración.

El Gobierno insiste en criminalizar la protesta social con leyes como La Ley 14 o Ley Carcelazo que busca enviar a la cárcel a todo aquel que ose manifestarse en las calles en defensa de sus derechos. Existen otras leyes como la de espionaje telefónico o ley Pinchazo, y más recientemente, gracias a las revelaciones de los cables de Wikileakes, se ha conocido que los dos últimos presidentes de Panamá, Martín Torrijos y Ricardo Martinelli, han intervenido los teléfonos de dirigentes sindicales y que en esa labor de persecución y acoso acudieron a la Embajada norteamericana en la búsqueda de asistencia técnica.

Persiste el reino de impunidad en Panamá y la protección hacia los policías asesinos. Los crímenes de los obreros de Changuinola, Bocas del Toro, y del sector construcción, Luiyi Argüelles y Al Iromi Smith, siguen impunes.

La situación económica y social se torna cada vez más difícil para la clase trabajadora. Crece de manera alarmante la inflación y el costo de la vida. Ello ha significado una merma considerable de los salarios reales y del poder adquisitivo de los trabajadores. Esta realidad empuja a muchos trabajadores hacia la extrema pobreza y a sectores de profesionales, otros asalariados y capas medias los adentra a los umbrales de la pobreza.

No obstante, el Gobierno se opone a un aumento general de salarios y a un salario mínimo justo en todo el país.

Expresamos nuestra satisfacción por la inclusión en la agenda de trabajo de esta 100ª Conferencia Internacional del Trabajo, el tema: Trabajo decente para los trabajadores domésticos. En Panamá, las trabajadoras y trabajadores domésticos se encuentran totalmente desprotegidos. En su mayoría mujeres, casi 100 mil, son víctimas de la ausencia absoluta de los derechos laborales, del maltrato y abuso de los patronos, en algunos casos laboran hasta 15 horas diarias en situaciones infrahumanas, muchas provienen del interior de la República, de apartadas comunidades, alejadas por largos períodos de sus familiares, sin seguridad social y con salarios miserables, muy por debajo del salario mínimo. No cuentan con organización sindical, aún cuando un grupo ha iniciado ya diligencias para ello. Un número creciente de niños y niñas se dedican a estas faenas El trabajo doméstico es considerado como una esclavitud en tiempos modernos, condición al que también se pretenden llevar a otros sectores.

Se mantiene en nuestro país los altos índices de informalidad, de trabajo infantil y la situación de discriminación por razón de etnia, género o condición social. Esto último quedó en evidencia en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH), celebrado en noviembre de 2010.

La pérdida de los derechos laborales de los panameños se traduce en fatigosas jornadas de trabajo que superan con creces la jornada laboral de 8 horas, en muchos ámbitos se desconocen las horas extras y los sobre tiempos; no existen regulaciones reales para los sub contratos, mecanismo utilizado por algunos empresarios para evadir sus responsabilidades laborales; y el Gobierno incluso trató de desconocer el domingo como día de descanso obligatorio.

Todo esto acontece con la complicidad de las autoridades del trabajo, cuya gestión es de permanente confrontación con los trabajadores, esgrimiendo permanentemente un discurso de odio visceral y de ofensas contra la dirigencia sindical de Panamá.

Los trabajadores somos víctimas del estado policíaco, de remilitarización y de control ciudadano que se ha creado. En el afán de llevar el sustento a nuestras familias de manera honrada, todos los días somos sometidos en los barrios populares a acciones de registro, agresión, redadas y cateos policiales. Se nos humilla constantemente nuestra dignidad humana. Para la Policía Nacional, el ser pobre y trabajador es sinónimo de delincuente y criminal.

El Gobierno suscribe Tratados de Libre Comercio (TLC) a espaldas del pueblo que en muchos aspectos constituyen un retroceso en los derechos y conquistas de los asalariados.

Con estas denuncias queremos apelar a la buena voluntad de esta 100ª Conferencia Internacional del Trabajo para que se pronuncie de forma enérgica contra la sistemática violación de derechos laborales y humanos fundamentales que sufren los trabajadores panameños a fin de que el Gobierno comience a adoptar las medidas pertinentes y cese su política antiobrera.

Agradecemos de esta manera la atención sobre nuestras palabras y le auguramos el mayor de los éxitos en estas sesiones con la esperanza que sus resultados y conclusiones ayuden a mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores panameños y del mundo entero.

Muchas Gracias

 







 

 


Enviado el Mircoles, 08 junio a las 08:40:42 por franckoi
 
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