En el pasado torneo electoral se han evidenciado cifras millonarias utilizadas no solo para financiar la campaña política de los adeptos a CD y Molirena, sino también candidaturas panameñistas y del PRD; es decir, de la partidocracia. Partidas por 100 millones de dólares que se colocaron en municipios (20) y juntas comunales (113), que según algunas fuentes cobran entre 5-10 % del monto por su ‘administración’; otras que fueron asignadas y retenidas por diputados y representantes para ser utilizadas en el año preelectoral. Todo un atraco de los fondos públicos, de los impuestos que pagamos los panameños, que no han sido utilizados para atender las grandes demandas de la población.

Pregunta el pueblo si Juan Carlos Varela llevará a cabo un proceso que permita investigar, juzgar y condenar a quienes han asaltado las arcas del Estado o, como ha pasado en las distintas administraciones de gobierno, se establecerán los famosos pactos entre la partidocracia para ocultar y proteger a los ladrones de cuello blanco.

Por otro lado, siguen los desmanes al cierre de la administración de Ricardo Martinelli. Los diputados, han aprobado la asignación de escoltas a familiares (esposas e hijos) del presidente, toda una acción monárquica, donde se pretende heredar privilegios. Esta medida con vicios de inconstitucionalidad, pretende dar servicio de seguridad pagada por el Estado a descendientes del gobernante, que no ocuparon ni ejercieron puestos de mando y jurisdicción. Se desconoce el número de escoltas que serán designados a los familiares; hasta ahora para los expresidentes la ley contempla ocho escoltas, cuyo monto salarial es casi un millón de dólares anuales, solo en concepto de salarios, que desembolsa el Estado para este propósito.

En esta misma materia de danza de goles millonarios, que a diestra y siniestra se ejecutan desde el Estado, estalla el escándalo de la Autoridad Marítima de Panamá por el negociado con las licencias de marinos, cuya expedición está en manos de la empresa Orion Maritime Training Center, ligada a altos funcionarios de la actual administración, la cual obtuvo está concesión monopólica cuando apenas había sido creada. Esta empresa registra ganancias mensuales por el orden de los 10 millones de dólares. El monto de las licencias oscila casi en los 9,000 dólares. Esta es otra muestra del uso de los recursos públicos para beneficiar intereses personalísimos.

La corrupción es un sinónimo de descomposición, de putrefacción, en esta vía han caminado los gobernantes y su partidocracia. En este contexto, uno de los desafíos de la sociedad contemporánea es luchar contra el flagelo de la corrupción que carcome la esfera pública y que tiene una pesada carga económica, social y ética sobre el pueblo.

La población panameña debe comprender que la corrupción no nos permite crecer como sociedad indivisible, en la medida que, mientras unos pocos hacen excelentes negocios con el Estado de manera ilícita, logrando una altísima concentración de la riqueza, otros, una mayoría, deben repartirse la miseria sobrante y constantemente creciente.

Romper con este accionar de corrupción que niega democracia, es una tarea urgente de los sectores democráticos y éticos del país. Debemos hacer valer nuestro derecho a la plena participación en la toma de decisiones. Se trata de establecer una integridad ética frente a la corrupción de la partidocracia.

Mientras la corrupción, la impunidad, la injusticia e inequidad social existan, la protesta social es un mecanismo legítimo de defensa y de áudito de la gestión gubernamental.

SINDICALISTA

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Genaro López
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