Son autoridades comarcales electas por el Decreto 537 impuesto por Martinelli que la Corte declaró su ilegalidad y aún así el Tribunal Electoral y el Gobierno siguen reconociendo.  Sin mediar consulta con su pueblo pretendieron vender a transnacionales valiosos recursos naturales de la comarca para sacar provecho personal. Peligrosamente las personas se toman la justicia por sus manos cuando esta no funciona. Es el resultado de la impotencia de los pueblos cuando ve que lo que reina es la impunidad para corruptos y ladrones de jerarquía.  Nadie debe alegrarse del dolor ajeno. 

En ese espejo deben verse los representantes de los distintos órganos del Estado envueltos todos en casos de corrupción.  Su conducta  y la falta de justicia pueden conducir al país a una espiral de violencia.

No coman cuento de que el pueblo no les interesa los casos de corrupción y por ello siguen con el latrocinio. 

¿Qué sanción hubo para estas autoridades que remataron ilegalmente recursos naturales de la comarca? Ninguna.

¿Qué sanción ha habido para diputados que nombran botellas y se aprovechan de la miseria de la gente para robarle con falsos donativos y derrochar millones de dólares de fondos públicos en clientelismo electoral? Ninguna. 

¿Qué sanción hay para magistrados que confiesan que venden fallos y archivan expedientes? Ninguna.

¿Qué sanción hay para un presidente que confiesa que negoció, al margen de la Constitución y las leyes, con al menos 20 empresas coimeras? Ninguna.

Serán ustedes responsables si se produce un  desenlace funesto de esta crisis.

El pueblo se está cansando.