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Panamá: La venta de EPASA, Hacienda Santa Mónica y la Familia Arias

 

 

 

 

 

 

 



La venta de EPASA, Hacienda Santa Mónica y la Familia Arias

A raíz de las denuncias que implican a Martinelli y empresarios ligados a él, en la compra de la Editorial Panamá América S.A. (EPASA) como parte de una operación de blanqueo de capitales, circula en redes sociales algunas informaciones al parecer filtradas por el Consejo de Seguridad Nacional.
 
En ellas se señala que los propietarios de EPASA, la familia Arias, fueron visitados por “chacales” de Martinelli para presionarlos a la venta de dicha empresa.  Se utilizaba a la Dirección General de Ingresos (DGI) para presionarlos con el pago de impuestos exorbitantes para de esta manera forzarlos a vender.  Según las mismas informaciones, este fue el modus operandis para lavar al menos unos 3,500 millones de dólares provenientes de coimas y malversación de recursos del Estado.
 
Llama la atención que la magnitud del blanqueo de capitales no haya sido detectado por la flamante Unidad de Análisis Financiero (UAF) como tampoco lo ha sido en otros casos como Odebrecht, Panama Papers, Waked, etc.  Y que quienes fueron coautores en hechos delictivo no hayan sido llamados por la justicia, como no lo fue Balboa Bank, cuyo directivo y ex presidente de la Cámara de Comercio, Carlos “Cao” Fernández, jamás fue implicado en el caso de blanqueo de Alejandro Moncada Luna, siendo él personalmente quien tramitó el penthouse del ex magistrado y llevó los papeles al banco.
 
Por el caso de EPASA, que según la misma fuente el expediente consta de catorce tomos, Daniel Ochy de TransCaribe Trading (TCT), de la ampliación de la autopista Arraiján-La Chorrera, ha sido arrestado y hay otros de sus familiares implicados, así como varios empresarios, algunos de origen judío, entre ellos Henri Mizrachi Kohen (miembro de la Junta Directiva del Canal), Moisés Levy Levy, Alberto Eskenazi Abadi (ex miembro de la Junta Nacional de Escrutinios en 2009) y Ricardo Alberto Chanis Correa (ex directivo  de la Caja de Ahorros en ese momento). Se mencionan, ademá,s como parte de la transacción a Gabriel Btesh, Mike Btesh, Jack Btesh, Aaron Mizrachi, Pipo Virzi, Axel Gómez, Daniel Levy, Ricardo Francolini y el otro miembro de la Junta Directiva del Canal, Nicolás Corcione.
 
Es importante señalar que esta transacción se cerró en diciembre de 2010, es decir dentro de los 26 meses del gobierno conjunto de los CD con los panameñistas, siendo el embajador de Panamá en Londres, Gilberto Arias Piza, hasta hacía poco vicepresidente de EPASA.
 
Lejos de las presiones que hoy se alegan, Francisco Arias, Presidente de EPASA, declaró en 2010, al cierre de la transacción, que ahora los nuevos dueños "mantendrán las principales metas que hasta ahora ha seguido Editora Panamá América, entre ellas, el fortalecimiento de la democracia, de la libertad de expresión, y el mejoramiento del periodismo nacional".
 
Pero, de ser ciertas las informaciones que ahora circulan, ¿qué responsabilidad le competería a la familia Arias?  Según el Código Penal: “quien personalmente o por interpuesta persona reciba, deposite, negocie, transfiera o convierta dineros, títulos valores, bienes u otros recursos financieros, previendo razonablemente” que proceden de actividades relacionadas con el delito de blanqueo de capitales puede recibir pena de prisión entre 5 y 12 años.
 
Llama la atención que uno de los beneficiarios de la transacción, Gilberto Arias Piza, embajador en Londres, no haya dicho nada en su momento de tales presiones siendo miembro de grupos poderosos: vicepresidente ejecutivo de Editora Panamá América, Presidente de ACAN-EFE y del Centro Latinoamericano de Periodismo (CELAP), Director y miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), jurado del Premio Internacional de Periodismo Rey de España y Don Quijote de Periodismo 2006 y con contactos con medios británicos como la BBC de Londres
 
A su salida de la Embajada de Londres luego del rompimiento entre CD y Panameñistas, Arias fue acusado por peculado de 140 mil dólares.
 
En su momento se dijo que la operación de compra de EPASA fue por algo más de 30 millones.
 
El Panamá América fue constituido en 1938 por el ex presidente Harmodio Arias Madrid y fue heredado por sus hijos y nietos que la manejaron hasta su venta en 2010.  Aún cuando los periódicos de la editora eran controlados por el hermano y sobrinos de Arnulfo Arias Madrid, su línea editorial no siempre estuvo a favor del caudillo panameñista.  De hecho, como casi todas las familias oligárquicas del país emparentadas entre si, miembros de esta familia participaron en gobiernos que era acérrimos enemigos de Arnulfo Arias.  Uno de sus sobrinos, Gilberto Arias Guardia, directivo de la esta editora, fundó junto a Aquilino Boyd, el Tercer Partido Nacionalista.
 
La Hacienda Santa Mónica
 
La Hacienda Santa Mónica fue adquirida por Hamodio Arias en 1930.  Se trata de una finca de unas 2,800 hectárea, Se extienden desde la Carretera Interamericana hasta el Océano Pacífico. Se desarrollan actividades agropecuarias como la cría de ganado vacuno y la producción de cultivos como la piña, arroz, limón, maíz y sorgo.
 
Esta finca fue vendida al estadounidense Wilson Lucom, por la familia Arias en unos 30 millones.  Lucom se casó con Hilda Piza quien fuera esposa de uno de los herederos directos de Harmodio Arias Madrid, Gilberto Arias Guardia. Al parecer el dinero de la venta se utilizó para pagar a los bancos la hipoteca de la finca a punto de perderse.
 
Tras su muerte en 2006, se conoció el testamento de Lucom que dejaba a los niños pobres de Panamá 50 millones de dólares producto de la venta que se haría de dicha finca.  Comenzó un litigio por la herencia de la familia Arias con el albacea de Lucom, otro gringo, Richard Lehman.
 
En agosto de 2010, tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia, acusados de recibir sobornos e investigados en Estados Unidos, en fecha que ya era embajador en Londres Gilberto Arias Piza, cedieron la finca a la viuda de Lucom, Hilda Piza, y a los hijos de su primer matrimonio con Gilberto Arias Guardia.
 
Cuatro meses después se cerraba la venta de EPASA y posteriormente la Hacienda Santa Mónica es cedida a la empresa Verdeazul del exministro de Martinelli y ex vicepresidente del Panameñismo, Alberto Vallarino, por un monto de 50 millones, una transacción dudosa porque según expertos dicha propiedad supera los 175 millones de dólares.
 
En otras palabras, la familia Arias, muy influyente en los distintos gobiernos a lo largo de la historia del país, vendía dos de las propiedades más emblemáticas de Harmodio Arias Madrid: EPASA y la Hacienda Santa Mónica, y esta última la vendieron dos veces, primero a Lucom y después a Alberto Vallarino, negocio redondo.
 
El tema de Lucom, por el drama que encierra, transcienden informaciones de que incluso inspira un filme en Hollywood, otro elemento que se agregaría al nombre de Panamá tan mancillado por esta oligarquía que maneja las riendas de Panamá desde 1903.
 
Lucom había dejado además una herencia de por vida a su viuda de 20 mil dólares mensuales y repartió a Gilberto Arias Piza y sus dos hermanos 450 mil dólares a cada uno.
 
Alberto Vallarino, el mismo de la estafa de Banistmo, el que según el propio Martinelli declaraba junto a Stanley Motta solo un balboa de ingreso mensual, el que siendo miembro de la Junta Directiva del Canal está detrás también del Puerto de Corozal, el señor de los diamantes, ex ministro del MEF con Martinelli, ex Vicepresidente del Partido Panameñista junto a Ramón Fonseca Mora (Odebrecht y Panama Papers), el que trajo de Colombia a Luis Cucalón para la Dirección General de Ingresos (DGI), el que asesoró a Cristóbal Salerno para que creara Cobranzas del Istmo, adquiría esta valiosa propiedad con la cual cerraba la franja turística y hotelera de Farallón, Playa Blanca, Juan Hombrón y Santa Mónica.
 
Precisamente se despojó a humildes pescadores de Juan Hombrón de sus tierras. Siendo ambos ministros, Alberto Vallarino y Jimmy Papadimitriu, comenzaron una disputa pública por esos terrenos.  En aquel entonces el Ministro del MEF (Vallarino) pretendía crear un viceministerio de tierras y el de la Presidencia (Papadimitriu) la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI). Se impuso Papadimitriu, en ese momento el “Rasputín” de Martinelli, y tituló para sus padres las tierras de Juan Hombrón todavía en litigio.
 
Debemos estar alertas
 
Nos motiva este artículo el propósito de develar los intereses de clase detrás de estos conflictos. Saber apreciar las pugnas que se agitan entre fracciones del capital por el control del poder político y de los grandes negocios.
 
A Noriega se nos ha presentado como el Satanás de la dictadura, el único responsable de los desmanes cometidos en ese entonces, pero se sabe que Noriega, agente de la CIA, no actuó solo y que antes tuvo un jefe, Omar Torrijos, y muchos cómplices civiles y militares.
 
Hoy, con Ricardo Martinelli ocurre lo mismo.  Se nos vende como el Diablo de los años post invasión.  Pero Martinelli no actuó tampoco solo, primero fue prohijado en la dictadura y luego por gobiernos PRD y Panameñistas, en su Gobierno recibió colaboración de gente PRD (incluidos algunos que hicieron parte de lo que fue la llamada “Tendencia”) y de los panameñistas en esos 26 meses de gobierno conjunto.
 
También queremos alertar con este escrito que por esos vericuetos en que transita la justicia panameña, no vaya a ser que al final EPASA vuelva a la familia Arias, que se queden con los 30 millones provenientes de fondos públicos ya cobrados y blanqueados y que además vendan los periódicos por segunda vez, tal como lo hicieron con la Hacienda Santa Mónica.
 
Ya después de la invasión se promulgó la Ley 11 de 22 de abril de 1993, donde se reconoció a Editora Panamá América, S.A., “libre de toda carga o gravamen de cualquier naturaleza, la propiedad de todos los bienes, muebles o inmuebles, que aparezcan como propiedad de Editora Renovación, S.A. (ERSA), y que, al momento en que se decretó la liquidación forzosa de Editora Panamá América, S.A., eran de propiedad de esta última”. La familia Arias se hizo de los modernos equipos que los militares adquirieron para ERSA y no asumieron responsabilidad alguna con las prestaciones de los trabajadores, las que fueron pagadas por el Estado.
 
En el fondo lo que presenciamos es la avaricia, la codicia y corrupción de una clase social y sus partidos tradicionales que son capaces de saldar sus diferencias de la peor manera en aras de hacerse del control del poder político y seguir haciendo negocios desde las altas esferas del Estado.  Ellos son los que manejan los hilos de esta justicia corrupta, juzgan a los que desean dentro de su vendetta y garantizan impunidad para los suyos gracias a los grandes bufetes de abogados que poseen. Así ha sido desde 1903. Ya es hora de cambiar de verdad.




Enviado el Sábado, 24 junio a las 20:29:10 por franckoi
 
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