Uribe, el que le habla al oído a Martinelli, no podrá ser otra vez Presidente

Jefes de seguridad de Colombia son quienes vienen orientando las acciones de la Policía Nacional, junto a la Mossad, ex miembros de las Fuerzas de Defensa de Noriega y, por supuesto, los gringos.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha impedido la reelección de Alvaro Uribe al declarar inexequible -es decir, imposible de ejecutar- la Ley 1354 de 2009, "Por medio de la cual se convoca a un referendo constitucional y se somete a consideración del pueblo un proyecto de reforma constitucional" para darle vía libre a una segunda reelección presidencial.

Fracasa así el intento del Uribe de perpetuarse en el poder.   Pero también fracasa su objetivo personal de liquidar la insurgencia colombiana y otras promesas no públicas, incluidas su intención de contribuir al derrocamiento de gobiernos cercanos, como el caso del Gobierno Bolivariano de Venezuela.

Es una derrota de los sectores de la ultraderecha colombiana y de sus aliados en la región como el caso de Ricardo Martinelli.   No se trata, sin embargo, del fin de la política de terrorismo de Estado emprendida por Uribe.  Estamos claro que el imperialismo moverá sus fichas y buscará imponer a un nuevo títere, sin importar su pasado siniestro, tal cual ocurrió con el mismo Uribe quien, según informe desclasificado de la CIA, estuvo en la posición Nº 82, de una lista donde el mafioso Pablo Escobar era el principal, junto con el General Manuel Antonio Noriega.

Así rezaba su leyenda en dicha lista: "Álvaro Uribe político colombiano y senador dedicado a la colaboración con el cartel de Medellín en los altos niveles del gobierno”.

Alvaro Uribe fue el promotor de los denominados CONVIVIR, germen de las agrupaciones paramilitares colombianas vinculadas con el narcotráfico que han reconocido más de 40 mil asesinatos entre revolucionarios, sindicalistas, campesinos, estudiantes y demás de gente del pueblo.

Como parte del Plan Colombia, Uribe recibió más de 6,500 millones de dólares de Estados Unidos.

Le hablaba al oído a Martinelli, quien si mayor disimulo le aceptó la posibilidad de abrir el llamado Tapón de Darién con todas las consecuencias que ello acarrearía al ambiente.

Nos visitó recientemente, buscando imponer las condiciones más onerosas dentro de un Tratado de Libre Comercio (TLC) y abrirles las puertas a los empresarios colombianos, duramente afectados por las medidas soberanas adoptadas por Venezuela como respuesta al establecimiento de 7 bases yanquis en Colombia y a todas las acciones emprendidas por Uribe en favor de los grupos golpistas.

Martinelli fue aún más lejos, aceptó la instalación de 11 bases aeronavales en nuestro territorio como puestos de avanzadas gringos dentro de la gran rampa de agresión levantada por Estados Unidos en Colombia contra los pueblos latinoamericanos, es decir las 7 bases yanquis.

Pero, además, ha venido involucrando a Panamá dentro del conflicto bélico que azota desde hace varias décadas a Colombia.

En ese sentido, se producen constantes reuniones del Ministro de Defensa de Colombia, Gabriel Silva, con sus contrapartes panameñas; miembros de la Policía Nacional reciben entrenamiento por parte del ejército genocida que ha asesinado a más de 50 mil colombianos y que, a pesar de toda la ayuda recibida de Washington, nunca han logrado liquidar el narcotráfico, pues su enfoque es golpear a los  grupos insurgentes y al movimiento social.

Por ello se denuncia el plan secreto entre los gobiernos de Colombia y Panamá por el cual el propio Martinelli ha sido denunciado ante los tribunales por el Ex Fiscal, Rodrigo Miranda, por delitos de lesa patria y contra la peronlalidad internacional del Estado.

Este plan es confirmado por los enfrentamientos en Darién entre efectivos del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) y miembros de fuerzas irregulares colombianas donde ya ha resultado herido un policía panameño y tres guerrilleros fueron asesinados con tiros de gracia en la cabeza.

También lo prueban los anuncios del Gobierno de Martinelli en emisoras de Darién llamando a los guerrilleros a desertar, así como la colocación de letreros ofreciendo recompensa a la población por información que dé con el paradero de líderes insurgentes.

Recientemente, el 26 de febrero del año en curso, se conoció que el director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), León Panetta, se reunió de manera privada con Uribe, Gabriel Silva (Ministro de Defensa) y con los jefes de los distintos estamentos de seguridad.

La noticia debe ser motivo de preocupación para los panameños, puesto que Silva y estos jefes de seguridad de Colombia son quienes vienen orientando las acciones de la Policía Nacional y de las autoridades panameñas, en materia de seguridad, incluido la conformación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, ahora junto a la Mossad de Israel, asesores ex miembros de las Fuerzas de Defensa de Noriega y, por supuesto, los gringos.

Para que el pueblo panameño conozca el tipo de sujetos que influyen en nuestras autoridades, reproducimos algunos testimonios de lo que ha sido uno de los peores escándalos del Gobierno de Uribe y del Ejército bajo sus mandos, los llamados falsos positivos, ciudadanos comunes que eran asesinados para mostrarlos luego como guerrilleros muertos en combate y así desarrollar toda una propaganda dirigida a mostrar imaginarios éxitos del ejército colombiano en la lucha contra los insurgentes.

Aquí los testimonios logrados de organismos de derechos humanos y publicados por la Revista Semana de Colombia:

El informe de 70 páginas que tenía en sus manos (Uribe) documenta en detalle por lo menos 17 casos de posibles homicidios cometidos por batallones y brigadas que prácticamente estaban al garete.

El primer caso, y uno de los que los investigadores describen con más detalles, es el del señor Aycardo Antonio Ortiz, un campesino de 67 años que vivía en una humilde vivienda de madera en una vereda de Yondó, Antioquia, y a quien el 8 de julio pasado las tropas del Batallón Calibío, de la Brigada XIV, habían reportado como guerrillero muerto en combate. Según el Ejército, el hombre portaba un revólver calibre 38, una granada de mano, un radio, dos metros de mecha lenta y un pantalón camuflado. Elementos que aparecen en casi todos los casos de falsos positivos de forma recurrente y que de manera cínica algunos llaman «kit de legalizaciones».

La versión dada por el entonces comandante del Batallón, teniente coronel Wilson Ramírez Cedeño, es que un desmovilizado les había dado la información de que Aycardo pertenecía a las Farc, en donde usaba el alias de ’Murciélago’, y que cuando intentaron rodear su casa fueron atacados desde adentro con disparos, por lo que los soldados respondieron. Instalaron una ametralladora e iniciaron un combate en el que murió el presunto guerrillero. Ramírez dijo además que en la zona habían encontrado un campamento y una zona minada.

La comisión, al revisar documentos y evidencias técnicas recogidas en el terreno, pudo comprobar que la víctima era un conocido campesino de la zona, que nunca existió el desmovilizado mencionado por los militares, que la orden de operaciones se firmó el mismo día en el que ocurrió el homicidio -posiblemente después de su ocurrencia- y que jamás hubo informes de inteligencia que hablaran sobre alias ’Murciélago’. Como si fuera poco, que nunca hubo disparos de ametralladora contra la casa, ni campos minados, ni campamentos.

El caso de Aycardo Ortiz mostró hasta qué punto de degradación pudieron haber llegado porque el hijo de la víctima era un soldado campesino que había hecho parte del batallón que mató a su padre y, paradójicamente, tenía información de varias «legalizaciones» de personas asesinadas y presentadas como bajas en combate. El soldado le contó a un organismo internacional de derechos humanos cómo funcionaba el sistema de los falsos positivos en esa unidad y se convirtió en uno de los testigos clave de la Fiscalía dentro de la investigación.

Además del caso de Aycardo Ortiz, hay otros cinco casos, en la misma zona, atribuidos al mismo batallón. Un desmovilizado que vive en Yondó y que actúa como informante del Ejército también les contó a los investigadores cómo el capitán Javier Alarcón, quien era jefe de inteligencia de este batallón, consiguió un revólver 38 largo, de cacha ortopédica, para legalizar las muertes de dos jóvenes que aparecieron muertos cerca de una laguna.

Otro escandaloso episodio involucra al Batallón Bomboná, que actúa en el Magdalena Medio antioqueño. Se trata del testimonio escalofriante de un joven informante de ese batallón en Puerto Berrío, quien asegura que en enero de 2008 el soldado Amílkar Hernández le pidió que consiguiera un amigo y se fueran para una misión en el municipio de Vegachí. El joven fue hasta la casa de su amigo Johny Alexander Barbosa, a quien todos le decían la ’Tortuga’ porque era lento y un tanto perezoso. Éste dudó mucho en salir de su casa, pero al final aceptó la invitación y se fueron todos en sendas motos. Amílkar y el joven informante durmieron esa noche en el batallón, pero la ’Tortuga’ nunca llegó. Al día siguiente apareció muerto y fue presentado como un guerrillero muerto en combate. Según el joven informante, que ahora también es testigo de la justicia, el soldado Amílkar traía indigentes desde Medellín para asesinarlos y hacerlos pasar como bajas en combate.

La comisión investigadora verificó 46 operaciones sospechosas de este batallón ocurridas en los últimos dos años. En todas ellas había irregularidades como la ausencia de inteligencia que permitiera saber el objetivo de la operación, ni claridad sobre quién ordenó la tarea. Pero lo más revelador es que hay un patrón de comportamiento. En seis episodios idénticos se reporta un N. N. muerto en combate al que se le incautó un revólver o pistola, mientras los soldados que le dieron de baja dicen haber gastado 650 balas de fusil, ocho granadas de mano y cuatro granadas de mortero. Los investigadores cuestionan la existencia de estos combates y creen que hay indicios de que se usaron como pretexto para legalizar la munición que algunos soldados se roban y revenden en el mercado negro, tanto a la guerrilla como a las bandas criminales.

No sólo los encargados de estos batallones fueron destituidos. También el coronel Barrera, comandante de la XIV Brigada, pues la falta de control sobre las unidades militares de esta brigada era tal, que aunque estos eran casos reiterados, nunca se hizo una revisión de lo que ocurría. Cuando los soldados mataron a Aycardo Ortiz, la vereda entera se amotinó contra el Ejército en un hecho que fue conocido en toda la región. Pero Barrera no investigó el episodio.

El desgreño también le costó la salida al general Roberto Pico Hernández, jefe de la VII División, quien era el superior inmediato del coronel Barrera. Porque en la guerra los errores administrativos o de falta de supervisión se convierten en un grave riesgo para vidas humanas.

Algo similar le ocurrió al general José Joaquín Cortés, que comandaba la Segunda División, donde actuaban la Brigada 30, bajo el mando del general Paulino Coronado, y la brigada móvil 15, a cargo del coronel Rubén Darío Castro, que actúan en la provincia de Ocaña. Justo donde aparecieron como dados de baja en combate los 11 muchachos que habían desaparecido en Soacha. Lo más grave es que la División no inspeccionó a las brigadas en los últimos dos años ni una sola vez, a pesar de que había insistentes denuncias sobre homicidios fuera de combate en todas ellas.

La comisión examinó los documentos que soportaban las operaciones en las que murieron los 11 muchachos. A pesar de que casi todos ellos fueron reportados como miembros de bandas criminales, los investigadores se sorprendieron al encontrar que las secciones de inteligencia de estas brigadas no tenían información sobre estas bandas, ni sus organigramas. Apenas datos genéricos. Los oficiales no pudieron responder por el nombre ni el alias de ningún miembro de estas agrupaciones, ni su ubicación, ni modos de actuar. Resulta inexplicable que se planearan operaciones sin tener un objetivo claro. Los soldados salían sin saber a dónde iban, con quién iban a combatir, cuándo sería la operación ni para qué, y sin embargo, regresaban con N. N. muertos que engrosaban resultados operacionales que luego eran elogiados por sus superiores.

De hecho, la Fiscalía tiene dos militares como testigos protegidos que han contado con detalle cómo funcionaban las cosas en Ocaña. Uno de ellos explica que existía un grupo de soldados privilegiados que mantenían dinero en sus bolsillos, nunca eran enviados a patrullar a las zonas más selváticas y eran los hombres de confianza de algunos oficiales de la Brigada móvil XV. Según estos testigos, ese grupito era el encargado de planear los falsos positivos, que se volvieron algo común y corriente en esa guarnición. Después de la destitución de los militares, en Ocaña hubo toda clase de intentos por encubrir las irregularidades. En el Batallón Santander, adscrito a la Brigada 30, la Contraloría encontró que se alteraron los libros donde se registran los gastos reservados, usados para pagar informantes y recompensas. La próxima semana se conocerá un informe completo donde se documentan nueve hallazgos concretos sobre irregularidades de este tipo y que complicarán aun más la situación de los oficiales destituidos. Tan grave sería la situación de la Brigada Móvil 15 de esta unidad, que el alto mando militar decidió acabar con ella, enviar los soldados a otras regiones y constituir una nueva brigada móvil, la número 23, que se encargue de recuperar la confianza de la población en las Fuerzas Armadas en esa golpeada zona.