Desalojo violento en La Esmeralda por intereses particulares

La semana pasada medios de comunicación televisivos reportaron en vivo un desalojo violento en la comunidad de La Esmeralda, en el área de Chilibre, carretera entre Panamá y Colón.  El desalojo fue violento y total:    maquinaria pesada entró, arrasó y aplastó totalmente las viviendas de humildes moradores y sus familias, 54 en total, que tenían casi seis años de ocupación del sector, tiempo durante el cual fueron haciendo gestiones para legalizar el terreno e ir instalando los servicios de agua, electricidad, letrinas, vía de entrada.  La comunidad panameña quedó impactada por el carácter destructivo de la acción.

Las familias, que, por supuesto, incluye a niños, aún de meses, menores de todas las edades, adolescentes, mujeres y hombres, quedaron totalmente a la intemperie, bajo el caliente sol, el frío en las noches y, encima, un sorpresivo aguacero en tiempo de verano.  Las familias decidieron permanecer en el mismo lugar, por la conciencia que tienen del derecho que les asiste.  Quedaron sin absolutamente nada:    estufas, camas, cunas de niños, enseres de vivienda en general. 

¿Quién causó semejante e inhumano descalabro que le violó a humildes familias el derecho a la vivienda, a la seguridad, el respeto a la niñez, mayormente cuando días después comenzaría el nuevo período escolar en el país?    “La orden vino de arriba, de la Alcaldía”, respondió un policía, ahora apostado en la entrada de la comunidad, afirmación que corroboran los dirigentes del comité de trabajo que tenían y cuyo propósito ahora reafirman en la lucha que están emprendiendo de defender su derecho a ocupar estas tierras. 

Muy claramente aparece como responsable de esta violenta intromisión la familia Vallarino, César, Vicente y Gladys de Vallarino, en parentesco, al parecer con Bosco Ricardo Vallarino, actual alcalde de la Ciudad Capital.  La familia Vallarino aduce ser dueña del terreno, pero los damnificados aseguran que no es cierto, porque jamás han presentado la correspondiente documentación que la acredite como tal, de manera que es un terreno estatal.

Esta acción ejecutada por el corregidor del lugar y la policía, con órdenes “arriba”, obedeciendo a intereses particulares, violó flagrantemente los derechos humanos de los moradores, y en forma desmedida.  Contraviene las recomendaciones que las Naciones Unidas hacen de manera precisa a los gobiernos de abstenerse de realizar desalojos en contra de la voluntad de la población, y que respeten el derecho a la vivienda.

El ministro de Vivienda se hizo presente en el lugar de los hechos y se comprometió con los afectados a reunirse para buscarle una solución al problema.  ¿Qué exigen las víctimas de este atropello?:    que se haga justicia, que se investigue la condición legal del terreno, que se les respete el derecho a volver a ocupar la tierra para vivir, que se establezcan las responsabilidades, incluso penales, contra los ejecutores de la violenta acción, que se les indemnice por los daños sufridos y se les garantice el levantamiento inmediato de sus viviendas, toda vez que pronto vendrá el tiempo de las fuertes lluvias en el país.

En lo inmediato, también apelan a la solidaridad en aportes diversos: ropa de niños desde meses, cunas, colchones, muebles, artículos de cocina, agua, e incluso, alimentos, ya que por las condiciones existentes muchos hombres y mujeres no han salido a trabajar.  Algunas organizaciones populares sindicales, estudiantiles y parroquias ya se han manifestado con muestras de apoyo.

La Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá, COPODEHUPA, denuncia la violación a los derechos humanos de las humildes familias de la comunidad de La Esmeralda por parte de las autoridades locales, policiales y alcaldicias, por lo que las autoridades deben establecer las correspondientes responsabilidades e insta al ministerio de la Vivienda a buscarle una pronta y justa solución al problema.

COPODEHUPA pide también a las organizaciones del movimiento social y a la ciudadanía en general a enviar cartas de protesta a los ministerios de Gobierno y Justicia, de Vivienda y de la Presidencia a fin de generar de parte del gobierno una inmediata y justa solución al problema que confrontan 54 humildes familias de nuestro país y para exigir que actos semejantes nunca más vuelvan a ocurrir.

La Coordinadora se mantendrá pendiente del curso que debe darse entre la comunidad y las autoridades del  ministerio de vivienda, como también de las responsabilidades de quienes están detrás de esta acción traumática para las familias, especialmente los niños.

Conrado Sanjur

Coordinadora Popular de Derechos Humanos de Panamá, COPODEHUPA.

Panamá, 8 de marzo de 2010