En dos años de gobierno Ricardo Martinelli ha enseñado al pueblo panameño a leerlo a la inversa. El orden del día lo constituyen las falsas promesas.

En el caso de los jubilados y pensionados, desde finales del 2009 ha venido asegurándoles un aumento de pensiones; aumento prometido primero para mediados del 2010, luego para diciembre de 2010, posteriormente para junio de 2011, y esta semana el Consejo de Gabinete tomó la decisión de darlo de manera escalonada en el 2012 y 2013, lo que no constituye garantía de que se haga efectivo.

El pírrico ajuste no compensa la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones ni las proyecciones alcistas de la inflación. Lo que hace suponer que aumentará el número de pensionados que viven en pobreza (Hoy alcanza a 45 de cada 100 jubilados o pensionados).

Lo que sucede con los jubilados y pensionados, suma un elemento más a la larga lista de violaciones a los derechos humanos de los panameños por parte del gobierno de Martinelli. Así como se violenta el derecho a la sindicalización que nos ubica entre los 25 países violadores de este derecho, ahora se agrega la violación a los derechos de la población adulta mayor.

El irrespeto y la burla son mayores, desde el momento en que el Consejo de Gabinete, aprueba un estudio actuarial a 20 años para definir nuevas medidas paramétricas (aumento de densidad, años y cuotas a los asegurados), so pretexto de ‘garantizar la sostenibilidad del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)’. Es decir, nuevamente al pueblo trabajador se le impondrá otra carga sobre su ya deteriorada economía.

¿Dónde queda la responsabilidad del Estado con la sociedad panameña? El decir que no existen los recursos financieros para asumir el aumento a los jubilados y otros compromisos sociales es una gran falacia.

No podemos olvidar que durante el gobierno de Martinelli la deuda pública se ha incrementado, aunado al aumento de los ingresos del Estado ante los nuevos impuestos a los consumidores. La pregunta sigue siendo ¿a qué manos van a parar estos dineros, si cada vez que el Estado debe dar respuesta social, se los carga a los trabajadores?

Si ‘no hay dinero’... ¿Cómo pueden defender proyectos que no son prioritarios, como es el caso de la Torre Financiera y el negociado con la compra de los corredores? ¿Cómo pueden justificar el llamado a sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, con el costo que ello involucra, para atender las prioridades personalísimas de segunda vuelta de Ricardo Martinelli? ¿Cómo se siguen justificando los derechos en gastos suntuarios por parte del presidente, vicepresidente, ministros y Directores? ¿Cómo se siguen tolerando los escándalos de corrupción en la esfera pública sin que se investiguen?

Esta conducta gubernamental, que ha asumido también frente a otros sectores (campesinos, indígenas, obreros, sector comunal y estudiantes), es reflejo del irrespeto que guarda Martinelli hacia los sectores empobrecidos, evidenciando el nulo interés por atender las demandas sociales del pueblo panameño. Lo que hace que cada vez sea más manifiesto el descontento nacional ante el incremento de la corrupción, la impunidad y el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de los panameños.

En este camino, desde CONUSI—Frenadeso nos preparamos para librar en las calles la lucha por aumento de salario mínimo, por un aumento general de salarios y por el congelamiento y control de los precios de los bienes y servicios que permitan satisfacer nuestras necesidades materiales de vida. No podemos confiar en la palabra de Martinelli en torno a que el ajuste de salario mínimo será significativo, la historia de sus dos años de gobierno demuestra que siempre hace lo contrario, se trata de más falsas promesas.

Frente a esta realidad objetiva, al pueblo no le queda otra alternativa que marchar en la construcción de la unidad para frenar los vejámenes y atropellos de los que somos objeto, construir nuestra propia alternativa electoral que rompa con las falsas promesas de la partidocracia.