En diversas ocasiones hemos denunciado las prácticas monopólicas en servicios públicos, que según nuestra Constitución están taxativamente prohibidos. Los procesos de privatización han arreciado estas prácticas, con la consiguiente carga a los usuarios que se han visto en la necesidad de pagar más por servicios totalmente ineficientes. La prestación del servicio del transporte público no es la excepción.

Cuando se privatizó el servicio, el Gobierno de Ricardo Martinelli prometió ‘un sistema que contaría con una organización eficiente en cuanto a los recorridos, lo que disminuirá las esperas en las paradas y garantizará la frecuencia de las unidades’. Miles de dólares se invierten en publicidad ‘Very happy’, para hacer creer a la población que recibirá un servicio de calidad y con prontitud, la realidad fue otra.

El Gobierno se dio a la tarea de garantizar una estructura monopólica que garantizaba ganancias extraordinarias (subsidio) y pagos por adelanto del pasaje a la empresa Mi Bus. Aunado a ello, la ATTT dio favor a la compra de dos patios a Mi Bus, por 49 millones de dólares, cuatro veces más de lo que la compañía invirtió en su compra (2011). Todo ello dejaba entrever que se trata de otro contrato leonino, de otro gran negociado.

Desde el principio las autoridades de Gobierno, que debían asegurarse de que la empresa ofreciera un servicio ‘seguro, cómodo y confiable’, parecían más sus voceros. Las autoridades que debían velar por la defensa de los intereses de la población, se cruzaban de brazos. Mientras el pueblo vivía un infierno, los empresarios gozaban del gran negociado.

Hoy, el pueblo sigue viviendo el mismo trauma del transporte público, largas filas para abordar un Metrobús, pues la frecuencia en el servicio es ineficiente; no obstante, Milton Henríquez, actual ministro de Gobierno, justifica a la empresa so pretexto de que el contrato firmado con el Estado limitaba su accionar. Igualmente, de una u otra forma, se abanica la lucha intestina entre ‘transporte pirata’ versus ‘transporte legal’, promovida desde los intereses de diputados que manejan el tema del transporte como verdaderos carteles, mientras la población padece el mal servicio y hasta la muerte.

Sin resolver el problema, el actual Gobierno ha anunciado, en una de sus versiones (Henríquez), que prescindirá del contrato con la empresa Mi Bus, en la otra versión (presidente Juan Carlos Varela) que entrará a operar otra empresa que junto con la primera prestarán el servicio. En ambos casos se plantea la noción de privatización disfrazada como transporte público concesionado a empresas privadas bajo el mecanismo de Asociación Público Privada (APP). En esta vía, el alcalde capitalino planteó la posibilidad de la actividad a través de ‘empresas municipales’ vía APP.

Falto de respuesta al problema del transporte, Varela, al igual que Martinelli, solo atina a garantizar los intereses de la empresa Mi Bus, que en cuatro años recibió aproximadamente 460 000 millones a razón de un subsidio de 0.45 centavos por 700 000 pasajeros diarios. Además, las autoridades de la ATTT han anunciado la posibilidad de aumento del subsidio. Todo parece indicar que correrá la misma suerte de los corredores Norte y Sur, una exorbitante indemnización para la empresa que, según los medios de comunicación social, es de capital colombiano (Grupo Fanalca, que posee el 70 % de las acciones) y panameño (Felgate Enterprises, que posee el 30 % de las acciones, y cuyo representante es Guillermo Tomás Henne Motta). Indemnización que al fin y al cabo pagamos los asalariados a través de nuestros impuestos. Otro atraco al pueblo.

Mientras tanto los obreros padecen la incertidumbre de sus condiciones laborales en medio de la danza de millones. Los usuarios del transporte colectivo siguen enfrentando el mal servicio.

A nuestro juicio lo que procede es una política pública que garantice un servicio realmente público, oportuno, accesible y menos costoso a la población panameña.

*SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.