El gobierno del Presidente Varela ha incumplido compromisos con familiares de las víctimas de la Dictadura al negar todo tipo de atención a las demandas plasmadas en documento relacionado con el seguimiento jurídico de casos de víctimas, análisis de ADN sobre restos humanos, la justa reparación económica, actos en memoria de los que murieron y fueron desaparecidos y una relectura necesaria del hecho de la dictadura militar y sus consecuencias para muchísimas familiares y el pueblo panameño en general.


La Vicepresidenta y Canciller de la República, Licda. Isabel Saint Malo de Alvarado, quien, por parte del Gobierno debe presidir la Mesa de Entendimiento de los familiares con el Estado panameño, no ha concedido la más mínima atención a la agenda de trabajo establecida, y no hay esfuerzo alguno hacia los logros a que tienen derecho los familiares.

El inactivismo de la Cancillería está hablando claramente de la falta de voluntad política del actual gobierno frente a problema que son de interés nacional e internacional en materia de Crímenes de Lesa Humanidad como fueron los que ocurrieron durante el período militar de 1968 a 1989, liderado por Omar Torrijos Herrera y su camarilla castrense, entre los cuales se encontraba Manuel Antonio Noriega, recluido actualmente en el Centro Penitenciario El Renacer. Mientras tanto, los padres, madres, abuelas de quienes fueron asesinados y desaparecidos están falleciendo de vejez y de dolor por el deseo no cumplido de saber la verdad sobre sus seres queridos, que no se haya hecho justicia y, menos, recibir la justa reparación económica por todo cuanto no se cumplió en el seno familiar por la ausencia forzada de quienes eran el sustento de sus hogares.

Es un hecho que mientras en países suramericanos que fueron víctimas de férreas dictaduras que causaron tanta violación a los derechos humanos, la persecución, la tortura, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y lo asesinatos, se sigue un continuo proceso de investigación, llamamiento a juicio y encarcelamiento de militares y civiles responsables y cómplices de genocidio, no importa la edad que tengan, en Panamá, donde ocurriera la misma trágica historia, tanto gobiernos, como la clase política y empresarial y la ciudadanía en general coinciden en poner un conveniente manto de olvido sobre el pasado, con el objetivo de negar aquella realidad, salvarse de culpa y continuar disfrutando de la impunidad.

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Pero las organizaciones de familiares de víctimas no cesan de insistir y de seguir luchando. De allí que están pidiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, le conceda audiencia en su próxima sesión para exponer toda la dramática realidad de este caso ante este foro interamericano de vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos por parte de los gobiernos y de protección de las víctimas. En este organismo reposa inscrito el caso colectivo de las víctimas de la Dictadura, según el Informe de la antigua Comisión de la Verdad, bajo la denominación P-882-03.

El accionar del Comité de familiares de víctimas.

Igualmente, COFADEPA-HG, a lo largo de estos meses ha logrado conversaciones serias con el secretario de la Procuraduría General de la Nación, autorizado por la propia Procuradora, la Licda. Kenia Porcell, con la Licda. Geomara de Jones, Fiscal Primera Superior y con el Dr. Humberto Mas y su equipo de trabajo, especialmente el que atiende el Centro de Análisis de ADN del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, IMELCF, institución a la cual el Comité está pidiendo asumir el trabajo de realizar las pruebas de ADN sobre las restos humanos que tienen en custodia, por la imposibilidad de acuerdo real con el Equipo Argentino de Antropología Forense, EAAF, por la burocracia del gobierno panameño, pasado y actual. Por otra parte, los familiares están pidiendo al señor Contralor de la República liberar los recursos que suman más de ciento treinta y cinco mil balboas, que fueron donados y destinados a las investigaciones de ADN, y se los entregue al IMELCF.

Al señor Presidente

Le insistimos una vez más ser responsable ante esta realidad de injusticia, de impunidad y de denegación de derechos. Hay compromisos en la materia ante la comunidad internacional. Debe recordar que muchas de las víctimas de la Dictadura militar fueron arnulfistas, es decir, miembros de su Partido, que defendieron a su máximo líder cuando un grupo de miembros de la Guardia Nacional violentaron el orden constitucional en octubre de 1968 únicamente teniendo como objetivo proteger sus intereses de casta militar. Los familiares de estas víctimas nunca fueron resarcidas económicamente, por lo que a lo largo de estos años han sufrido carencias económicas, incumplimiento de derechos como salud, educación, casa, seguridad, futuro y con mucho sacrificio han tenido que asumir esta triste realidad.

Le urgimos una reunión con familiares de las víctimas. Le reiteramos la petición, ya presentada en otras ocasiones, la última entregada el pasado 7 de mayo del presente año, ambas sin respuesta.

Solidaridad.

Por último, apelamos a la conciencia ciudadana, a la participación y unidad de los familiares, a la solidaridad de las organizaciones nacionales y latinoamericanas que también se desempeñan en materia de derechos humanos en sus diversas realidades.