El mundo vive una compleja crisis migratoria. En Europa es considerada la mayor desde la Segunda Guerra Mundial. La región y Panamá no escapan de esta situación.

En el caso de Panamá esta crisis reviste ciertas características. No es la migración de trabajadores o refugiados con la que siempre hemos convivido sin mayores sobresaltos.

Estamos hablando de un flujo de personas nunca antes visto y que es el resultado del traslado de grandes contingentes de seres humanos promovido por grupos mafiosos, sectores que buscan desestabilizar Gobiernos de otros países (como el de Venezuela), en asocio con empresarios inescrupulosos locales y autoridades que lo consienten.

Siendo así, estamos ante la evidente presencia del tráfico de personas que a lo largo y ancho del país se utiliza para desplazar mano de obra panameña, reducir los salarios y desmejorar las condiciones laborales. En algunos casos, hablamos de relaciones que se asemejan a la esclavitud, donde se confinan extranjeros en especie de campos de concentración, se controlan por meses sus movimientos reteniendo sus pasaportes y sin ningún reconocimiento a sus derechos laborales.

Esta migración incontrolable viene ejerciendo presión sobre nuestros ya deteriorados servicios públicos. Es grave la reciente denuncia de Probidsida que advierte que de 700 extranjeros que reciben la costosa terapia antirretroviral en Panamá, 300 son indocumentados, y que de los 70 que ingresan al Minsa cada mes, el 20 % es extranjero. Por razones humanitarias jamás nos opondríamos a esta asistencia, pero la falta de control y de una política seria por parte del Gobierno amenaza con el desabastecimiento de medicamentos.

En el mismo sentido, ya el Meduca anuncia que de los 24 mil nuevos estudiantes que ingresarán a la educación pública el próximo año provenientes de escuelas privadas, muchos son extranjeros.

La Caja de Seguro Social, cuyos servicios a los asegurados siguen siendo duramente cuestionados por la población, informó que en el primer semestre del presente año la institución aprobó 25 mil 364 solicitudes de afiliación, de las cuales 12 mil 383 corresponden a afiliaciones de extranjeros, casi el 50 %.

Y mientras la empresa privada presiona al Gobierno para aumentar el porcentaje de extranjeros en las empresas, so pretexto de la falta de trabajadores calificados, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral admite que en lo que va del año han otorgado 8 mil permisos de trabajo a extranjeros y que hay más de 45 mil extranjeros en el sector informal.

Estas cifras oficiales han sido puestas en dudas por muchos que creemos que el número de extranjeros entre legales e ilegales que laboran en Panamá puede ser mucho mayor, estando a la vista en comercios de ciudades y hasta de comunidades apartadas.

A ello agréguese el tema de seguridad, donde muchos extranjeros se hayan implicados en sicariato y otros crímenes.

La situación se torna mucho más grave cuando el propio ministro Carles asegura que en los próximos 10 años el 48 % de la mano de obra será extranjera. De hecho, un estudio de la Universidad de Harvard indica: ‘Las altas primas que se les paga a los trabajadores foráneos parecen indicar que los inmigrantes traen habilidades que son escasas en Panama'. Es decir que en trabajos especializados, los extranjeros son mejor pagados que los panameños.

El asunto es que todo esto tiene que ver con el modelo económico y de desarrollo y los planes educacionales vigentes y no se visualizan proyectos dirigidos a superar esta situación, por lo que, si no hacemos algo en el futuro inmediato, la crisis se agravará irremediablemente.

Se trata no solo de la defensa del empleo de los panameños sino también de ponerle fin a lo que es una sistemática violación de los derechos humanos y laborales de nacionales y extranjeros.

SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.