Mientras que las cifras evidencian un creciente deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de los panameños, cayendo muchos en la precariedad, los mismos de siempre, esa minoría de 115 ultramillonarios, siguen amasando grandes fortunas a partir del asalto de los recursos públicos. Sus vínculos con las estructuras institucionales les han permitido desde los albores de la República, no solo el pillaje, el asalto, sino también la más completa corrupción e impunidad.

Se trata de toda una estructura montada para delinquir, que se incrementa y moderniza, que les sirve a los grupos del poder económico, donde el Estado pasa a ser el instrumento de mayor acumulación vía la construcción de infraestructura, que permite sobrecostos y coimas. Ha imperado todo un andamiaje de corrupción política, de mal uso del poder público para conseguir una ventaja ilegítima de forma secreta y privada, que ha estallado con el caso Odebrecht, mayor caso de corrupción en el país, pero no el único.

Lo acontecido el 9 de noviembre, parece otro de esos shows mediáticos a los que nos tienen acostumbrados, para concluir finalmente, como siempre, garantizando el régimen de impunidad imperante en Panamá.

Tal como señalará Frenadeso: ‘Son muchas las preguntas que atormentan al ciudadano que ha perdido la confianza total en el sistema de justicia, no solo por los fallos insólitos del Órgano Judicial que apuntan a garantizar impunidad a los ladrones de cuello blanco, que obtienen fácilmente medidas cautelares de casa o país por cárcel, mientras en los centros penitenciarios cientos de panameños, en condiciones infrahumanas, aguardan por años un juicio; sino también porque se sospecha que el Ministerio Público, por acción, omisión o negligencia de algunos de sus funcionarios, incurre en errores o tecnicismos que llevan agua a una especie de lavadero judicial que permite que algunos llamados casos de alto perfil de los conocidos monos gordos queden impunes'.

El pueblo panameño está inconforme con los resultados de la denominada audiencia de validación de acuerdos. El pueblo exige conocer toda la verdad, que los corruptos vayan a la cárcel, que devuelvan lo robado y que las investigaciones no se centren en un solo período de Gobierno sino en los tres Gobiernos donde Odebrecht obtuvo jugosos contratos (Gobiernos de Martín Torrijos, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela).

Lo que sí confirmó esta audiencia es lo que hemos venido denunciando, el hecho de que por más de una década funcionarios de tres Gobiernos, incluidos sus presidentes, todos los partidos tradicionales, autoridades, diputados, banqueros y empresarios inescrupulosos, participaron de una forma u otra de esta trama de corrupción y sobornos que desvió importantes recursos del Estado, vitales para garantizarle al pueblo salud, educación, vivienda, alimentación y transporte de calidad. Y eso que aún se desconoce en su real magnitud la penetración del narcotráfico y de la mafia en la política.

Es decir, el país transita por una gran descomposición política ante los graves escándalos de corrupción. Aunque mucho se habla de la necesidad de adecentar la administración pública, perseguir y castigar la corrupción, nada se ha hecho. Para el pueblo, la partidocracia terminará desvaneciendo las acusaciones en supuestos pactos de ‘gobernabilidad', tecnicismos legales, acuerdos de colaboración efectiva, etc., para cerrar casos; pues, de una u otra manera, los grupos entrantes en el Gobierno están relacionados con los grupos salientes, y a ambos los unen los grupos de poder económico, los círculos ceros. Mientras tanto, la atención de los principales problemas sociales sigue en el olvido, ante un Estado que desmantela el gasto social para favorecer el apetito de los sectores privatizadores. Por ejemplo, el Banco Mundial dio a conocer que la inversión en educación es del 3.3 % del producto interno bruto, un porcentaje inferior al promedio de Latinoamérica y el Caribe.

SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.