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Frenadeso Noticias 19 de Marzo 2010

Frenadeso Nacionales

SUNTRACS exige libertad inmediata para los presos políticos del Gobierno de Martinelli
Martinelli viola los derechos humanos y las garantías constitucionales del pueblo.





Luego de la multitudinaria marcha del jueves 18 de marzio, en conferencia de prensa, el compañero Genaro López, anunció que a partir de este lunes 22 de marzo, el SUNTRACS realizará movilizaciones en distintos puntos del país en las horas pico.  Para tal efecto, se han notificado a las alcaldías correspondientes.

En ciudad de Panamá, las movilizaciones se darán en 14 puntos.

Mañana sábado 20 de marzo, se desarrollará un Consejo Sindical programado por el SUNTRACS donde se contemplarán otras acciones, incluida una huelga de advertencia de 24 horas.

El SUNTRACS seguirá su lucha hasta lograr la libertad de los más de 250 obreros detenidos por el capricho demencial del Presidente de turno, Ricardo Martinelli. 

Hoy, los familiares y compañeros de los obreros arrestados exigían la libertad incondiocional e inmediata de los obreros que se encuentran recluidos en condiciones infrahumanas en el Centro Penitenciario de La Joyita, a la intemperie, sin agua, sin alimentación adecuada, sin servicios sanitarios, sin la posibilidad de asearse, sin poder ser asistido por sus familiares y ver a sus familiares. Lo peor es que a más de 72 horas de su detención no se les ha presentado cargo ni puestos bajo autoridad competente.

Estos hechos configuran una flagrante violación a los más elementales derechos humanos y a las libertades democráticas. Por ello, hoy diversos organismos de la sociedad civil se han pronunciado contra estos abusos del Gobierno autoritario.

Genaro también denunció los actos de provocaciópn de la Policía Nacional durante la marcha, al impedir la llegada de muchos ciudadanos que intentaban participar en la marcha, bajar trabajadores de los autobuses para continuar así con los arrestos injustificados.

Se denunció también la constante intervención del Ejecutivo en los distintos órganos del Estado.

La Estrella de Panamá: Sociedad civil muestra repudio a la situación enfrentada por los obreros

Tras los hechos ocurridos el pasado martes por los que se tienen en detención a más de 200 trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS), diferentes grupos de la sociedad civil mostraron hoy su repudio a esta acción.

Angélica Maytín, presidenta ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, expresó que es necesario que se le libere a los obreros , pues han permanecido por más de 72 horas retenidos y en condiciones infrahumanas.

“Espero que la situación se solucione antes del fin de semana, ya los corregidores hicieron su trabajo, ahora que dejen libres a los que no cometieron faltas, y aquellos a los que se le prueben que se les sancione”, dijo Maytín.

Por su parte, el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Rubén Elías Castillo, manifestó que lo acontecido va en contra de los derechos de los trabajadores, pues no se les podía trasladar a centros penitenciarios y mucho menos dárseles un tratamiento inhumano, ya que la infracción cometida no justifica una sanción como ésta.

“Debemos ser conscientes que como ciudadanos tenemos que reclamar nuestros derechos”, dijo el jurista.

En tanto Maribel Jaén, de la Comisión de Justicia y Paz, indicó que la situación que viven los miembros del SUNTRACS es preocupante, pues no se conoce el grado de vulnerabilidad que se tiene en Panamá, de igual manera sostuvo que quienes cometieron las faltas deben pagar y ser sancionados, pero ello bajo el debido proceso.

Informe  del SUNTRACS sobre el caso de los detenidos

Panamá: Terrorismo Judicial

Los hechos:

Reprimen a obreros


El martes 16 de marzo, como se venía haciendo en las 2 últimas semanas obreros aglutinados en el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS), distribuían volantes (panfletos) en la Avenida Balboa y otros puntos del país, pronunciándose contra el impuesto del 7% y otros problemas nacionales e invitando a la gran marcha organizada para el  jueves 18 de marzo.

En ese momento fueron sorprendidos por unidades antimotines de la Policía Nacional que acompañadas del vehículo llamado “Pitufo”, lanzaban bombas lacrimógenas, agua con sustancias tóxicas, perdigones y balas de goma.

Los trabajadores tuvieron que replegarse hasta los edificios de construcción para salvaguardarse de las enardecidas unidades de la Policía Nacional, dirigida por su Director, Gustavo Pérez, muy cuestionado en la palestra pública por la  desaparición del expediente de los archivos de la institución, donde constaba que se la había dado de baja deshonrosa en la institución en la década del 90.

Este funcionario junto al Ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, están siendo duramente criticados por amplios sectores por su manifiesta incapacidad para frenar el elevado índice de criminalidad que sufre el país.

La represión se esperaba.  Ya el 11 de marzo pasado en plena jornada de distribución de volantes en la Avenida Balboa, el Ministro Mulino se bajó de su carro y ante los medios de comunicación les gritó a los obreros, “maleantes de mierda”.

La acción de los antimotines paralizó totalmente el paso de los vehículos por la Avenida Balboa y con ello se suscitó un monstruoso tranque en la ciudad.

La Policía acordonó el área, golpeó y arrestó a todo aquel que se sospechara ser obrero de la construcción.  Los trabajadores fueron arrestados dentro de los centros de trabajo sin comprobarse su participación en los incidentes. Otros fueron bajados de los buses cuando se dirigían a sus hogares.  También se detuvieron a ingenieros, maestros de obra, capataces y ciudadanos que transitaban cerca de lugar de los hechos.

Se reportaron más de 250 trabajadores detenidos que fueron trasladados al Cuartel de la Policía Nacional.  Los abogados denunciaron que estaban incomunicados, no se les permitió a sus familiares y amigos verlos ni darles comida, por "órdenes superiores". Se tuvo comunicación con el Defensor del Pueblo quien se comprometió hacer las diligencias para que los abogados pudieran actuar en favor de sus defendidos.  Estas diligencias no tuvieron ningún resultado. También a representantes de la Iglesia Católica se les negó ver a los presos.

En horas de la madrugada del miércoles 17 de marzo, sin importar los llantos y el dolor de sus seres queridos, los detenidos fueron trasladados a la infernal cárcel de La Joyita.  Allí se les ubicó en un área sin las condiciones mínimas necesarias, donde comparten espacio con delincuentes comunes.  No tienen alimentación adecuada, no cuentan con sanitarios, no se les ha permitido asearse, no existe agua potable, están a la intemperie bajo el inclemente sol.

Sus familiares, especialmente sus esposas, han acudido a la Policía, a la fiscalía, a las corregidurías, a la Corte Suprema de Justicia y a la misma cárcel, y nadie los atiende.

Ese mismo miércoles 17 de marzo, en horas muy tempranas de la mañana, unidades de la Policía Nacional se apostaron en distintas obras de construcción arrestando a obreros que se dirigían a laborar.

Violando los derechos laborales y ciudadanos la Policía hizo uso del sistema “pele -police”, aplicándolo selectivamente y arrestando a ciudadanos que ya habían sido sancionados en el pasado por delitos menores.

Fueron más de 100 obreros detenidos.  Sin mediar justificación o causa alguna los trabajadores fueron multados en la Corregiduría de Bella Vista con 50 balboas por supuestos actos contra el orden público.  En verdad fueron multados por el solo hecho de acudir a trabajar.

En horas de la tarde 15 estudiantes universitarios fueron arrestados cuando pacíficamente distribuían volantes en la parada de buses de la Universidad de Panamá.  Efectivos de la Policía, en un auto bus de transporte público, se bajaron sorprendiendo a los estudiantes, los agredieron y arrestaron, incluido a un reportero gráfico.

Los detenidos, luego de 72 horas, no se les han presentado cargos ni han sido puestos bajo la jurisdicción de ninguna autoridad competente, ya sea una corregiduría, un Juzgado Nocturno, la Procuraduría, la Fiscalía Auxiliar o ante algún agente del Ministerio Público, y además en todo momento se le ha imposibilitado a la defensa técnica legal poder acceder a sus clientes..  Los recursos de habeas corpus presentados por los abogados ante la Corte Suprema de Justicia aún no han sido resueltos.

Los detenidos se encuentran en total estado de indefensión.

Tanto el Presidente como el Ministro de Gobierno, de manera pública amenazan y señalan que los detenidos seguirán recluidos en la cárcel, en una abierta intervención del Ejecutivo en el Órgano Judicial.

La dirigencia de los trabajadores ha denunciado que el propósito de estas acciones es vulnerar el derecho al disentimiento y a la protesta, fomentar el terrorismo de Estado y frustrar la movilización programada para el jueves 18 en horas de la tarde.

Todos estos hechos configuran una flagrante violación a los más elementales derechos humanos y las garantías constitucionales.  Se trata de aplicar el terrorismo judicial a trabajadores que funcionarios de gobierno tildan indiscriminadamente de “maleantes de mierda”.

El  jueves 18 de marzo, durante una multitudinaria manifestación se les impidió a miles de trabajadores a acercarse a la ruta de la marcha.  No se les permitió el paso y muchos trabajadores fueron bajados de los autobuses para ser arrestados.  Se mencionan 40 detenidos más durante una actividad que los propios medios han calificado de pacífica.

La situación de los detenidos en la cárcel de La Joyita es cada vez más crítica.  Las condiciones de hacinamiento amenazan con agravar la salud de varios trabajadores que padecen de diversas enfermedades.

Ilegalidades e irregularidades cometidas por las autoridades


Estas son algunas de las ilegalidades e irregularidades que hemos podido identificar de las acciones de la Policía Nacional y del Ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino.

Al momento de la detención de los trabajadores no les explicaron los motivos que justificaban la acción policial, ya que los mismos se encontraban ejerciendo el derecho constitucional de manifestación.
 
Se utilizaron armas de fuego de alto calibre, bombas lacrimógenas, chorros de agua a presión que contienen elementos tóxicos, que han sido prohibidos como instrumentos de represión de manifestaciones.

No se les ha permitido a los ciudadanos, desde el momento en que fueron ilegalmente detenidos, ser asistidos por un profesional del derecho, ni se les ha brindado la oportunidad de comunicarse con sus familiares.

Que la conducta de los trabajadores ilegalmente detenidos no constituye delito ni falta administrativa, no existen pruebas ni indicios que justifiquen la acción de detención de la cual fueron objeto, más aún cuando no existe orden escrita que explique las razones de hecho y de derecho en que se funda esta medida.

Detención por 72 (verificar) sin imputarles delito alguno, encerrados en el Centro Penitenciario La Joyita, sin permitirles derecho a ser asistidos por defensores.
Han sido a sometidos a procesos administrativos dirigidos por Corregidores que se trasladaron hacia el Centro Penitenciario.

Las declaraciones del Ministro de Gobierno y Justicia, además de insultar a los trabajadores, demuestran como se pretenden erigir en juez y son una prueba de la interferencia del Ejecutivo en el Órgano Judicial.  En tal sentido ha señalado que: “…no habrá negociación ni pago de multas para que los detenidos salgan libres de La Joyita", El Ministerio Público, a través del fiscal auxiliar, Giovanni Olmos, investigará y se procesará penalmente a los involucrados. Los indocumentados serán deportados a sus países (La Estrella de Panamá 18 de de marzo de 2010).  También ha calificado a los obreros de la construcción de “maleantes de mierda” (Noticiero de RPC Radio, martes 11 de marzo de 2010).    Por su parte el mismo Presidente, Ricardo Martinelli, “fue enfático al mencionar que los responsables están la cárcel y allí se van a quedar hasta que se les aplique la ley. ‘No jueguen conmigo’ (Telemetro Reporta 17 de marzo de 2010).

El subcomisionado de la Policía Nacional a cargo de las detenciones, Javier Fanuco, Director de la Policía Metropolitana, es quien ha dirigido el operativo de represión deteniendo a ciudadanos sin comprobarse ningún tipo de delito o infracción a las leyes.  Además, se ha conocido el cobro de coimas a los trabajadores por parte de unidades de la Policía Nacional que participaron de los hechos para no detenerlos.

Se efectuaron allanamientos a propiedad privada (proyectos de construcción) para detener a trabajadores sin órdenes de autoridad competente.

Se impidió el ingreso a varios trabajadores a sus centros de trabajo utilizando el aparato Pele-Police (sistema de verificación de casos pendientes ante las autoridades) utilizado para privarlos de su libertad y justificar esta acción, terminando luego en Corregidurías, en las que sin un juicio justo se les aplicó sanciones de  B/. 50.00 cada uno de multa  el 17 de marzo de 2010),  a partir de informes de la Policía Nacional con el peligro de no pagarlas y pasar cincuenta días de arresto.

Violentaron derechos humanos (no se cumplió el debido proceso, se atentó contra el derecho al trabajo, a la libre circulación, a tener la oportunidad de llamar a un abogado o familiares, etc.).

Esposas, cónyuges, madres, hermanas, padres han sido sometidos a largas horas de angustia, espera, incertidumbre por desconocer el paradero de sus familiares, de qué se les acusaba así como por su estado físico y de salud, ya que los informes de noticias daban cuenta de que algunos de los arrestados fueron maltratados.

En el Centro Penitenciario La Joyita los obligaron a permanecer en un lugar techado abierto, durmiendo en el piso, sin tener acceso a alimentación, agua, servicios sanitarios.

En el grupo de detenidos hay personas que no son trabajadores de la construcción, sino que por casualidad se encontraban en el lugar de los hechos.

No hay certeza de información que vincula a trabajadores con casos pendientes.  No se puede confiar en la Policía Nacional, pues existe una gran cantidad de panameños arrestados por información proporcionada por el pele-police que no tenían casos pendientes o ya habían cumplido penas o sanciones por delitos cometidos en el pasado.

Se les negó al momento de tomarles las declaraciones indagatorias el derecho de conocer específicamente las razones de hecho y de derecho por las cuales se encontraban siendo investigados, además de las pruebas que sustentaban estas acciones.  Esto se agravó cuando a los abogados se les impidió asistirlos en esta diligencia indagatoria, alegando que no tenía poder por escrito para esta gestión.  Este requisito formal no lo exige la ley a efectos de asistir a una persona que se encuentra detenida.  Esto trajo como consecuencia que los trabajadores declararan sin la asistencia de un abogado pero sí con la presencia intimidatoria de los agentes captores, miembros de la Policía Nacional.

Las acciones  arbitrarias cometidas por los  representantes del Ejecutivo y la Policía Nacional constituyen violaciones a las garantías que consagra la Constitución Política.  No está de más enfatizar que sin garantías no hay derechos y por esto hay que asegurar que no se violente el debido proceso.  Es necesario, por tanto, frenar las arbitrariedades que cometen autoridades que tienen el deber de asegurar las garantías de todos los que habitamos en este país.

Panamá, 19 de marzo de 2010.


Enviado el Viernes, 19 marzo a las 18:25:17 por franckoi
 
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