Frenadeso Panamá
Fecha Martes, 26 octubre a las 12:45:26
Tema Frenadeso Nacionales


5 niños entre los 10 muertos de la Masacre de Bocas del Toro
El Informe de la Defensoría del Pueblo coincide con otros informes presentados anteriormente que el gobierno insiste en desconocer.






Los medios de comunicación han dado a conocer detalles de un Informe de la Defensoría del Pueblo donde indica que 5 niños fallecieron durante la brutal represión policial en Bocas del Toro.

El informe señala 10 muertos durante esta masacre.  Los niños murieron por problemas respiratorios causados por los gases lacrimógenos lanzados a mansalva en áreas residenciales.

También se habla de más de 700 heridos, 67 con perdigones en los hojos.  Nuestra historia no registra antecedente alguno de una represión de tal magnitud.

Estos resultados coinciden con los informes presentados por otros organismos de derechos humanos, misiones sindicales entre ellas de la ICM, y de la Caravana Internacionalista que junto a compañeros de FRENADESO estuvo por varios días en Changuinola haciendo más de 200 entrevistas a los afectados.

La dimensión real de este acto genocida ya se va conociendo.  Urge que los responsables paguen por estos crímenes y se le haga Justicia a las víctimas de Bocas del Toro.

Martinelli insisten en descalificar estos informes, incluido el de la propia Comisión Investigadora nombrada por él mismo.

Ayer, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la Ley de la Policía que impide el arresto preventivo  de los policías cuando cometan abusos de esta naturaleza.  El texto de lo aprobado, no fue lo consensuado en la mesa tal como lo  denunciaron los compañeros Saúl Méndez y Gabriel Castillo de CONUSI.

Ante ello el movimiento popular iniciará una campaña de lucha y de denuncia contra la Impunidad y por Justicia para las víctimas de la Masacre de Bocas del Toro.

A continuación el reportaje de La Prensa:

DEFENSORÍA PUBLICA INFORME FINAL SOBRE SUCESOS EN BOCAS DEL TORO

Muerte de 5 niños habría sido por gas< meta name=description content=" Muerte de 5 niños habría sido por gas">

Los estudios toxicológicos aún no están listos, pero el director del Instituto de Medicina Legal, Humberto Mas dijo que las lacrimógenas pudieron causar los decesos.

Rafael Luna Noguera

La inhalación de gases tóxicos emanados de las bombas lacrimógenas lanzadas por la Policía Nacional pudo haber sido la causa de la muerte de cinco de las diez personas que fallecieron en Bocas del Toro, todas niños, en los disturbios del pasado mes de julio y cuyos decesos aparecen registrados, hasta ahora, como consecuencia de problemas pulmonares.

Así lo indica el Informe especial de seguimiento y análisis final realizado por la Defensoría del Pueblo en relación con los disturbios de Changuinola, que se sustenta, a su vez, en documentos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), así como en una entrevista al director de esa entidad, Humberto Mas.

Según el informe, dos de los muertos fueron Virgilio Castillo y Antonio Smith, ambos tiroteados con perdigones de plomo.

Otra de las víctimas murió porque tenía la “apéndice cecal” perforada; otro por asfixia por sumersión; uno más por problemas de diarrea y vómitos, y cinco por “problemas pulmonares”.

Sobre estos últimos, Mas dijo que su desenlace fatal pudo haber tenido relación con la inhalación de gases tóxicos provenientes de las bombas lacrimógenas.

Pero aclaró en el informe que debía esperar por los resultados de las pruebas toxicológicas, que aún no han llegado, confirmó ayer a este diario. Mas no descartó dicha relación pero precisó que será difícil comprobarla científicamente.

El informe también aclara el número de heridos: 716 en total, 44 de estos policías; 67 con tiros de perdigón en los ojos; 2 con ceguera permanente.

INFORME FINAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

Heridas 716 personas en Bocas< meta name=description content=" Heridas 716 personas en Bocas">

Valentín Palacio, de quien se dijo había sido ‘capturado’ por la Policía, admitió haber mentido y que estuvo ebrio.

A 716 ascendió finalmente el número de personas heridas o lesionadas (44 policías) durante los disturbios ocurridos en Bocas del Toro el pasado mes de julio, según concluyó el Informe especial de seguimiento y análisis final realizado por la Defensoría del Pueblo en relación con tales eventos.

Dicho documento, publicado el jueves de la semana pasada, detalla que del total de personas heridas y lesionadas, 67 registraron impactos de perdigones en los ojos y, de estos, dos perdieron la visión de por vida.

Sobre la cantidad final de muertos, la Defensoría confirma los dos oficiales –Virgilio Castillo y Antonio Smith–, ambos como consecuencia de heridas de perdigones de plomo; y da cuenta de otros ocho fallecidos: cinco por afecciones pulmonares, uno por “apéndice cecal perforada”, uno más por asfixia por sumersión y uno por problemas de diarrea y vómitos.

La Defensoría basa estas cifras en un informe remitido el 12 de julio por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) y además cita una entrevista posterior –del 21 de septiembre– con el director del Imelcf, Humberto Mas, en la que este señaló que, “desde el punto de vista médico legal, los fallecidos por afecciones pulmonares pudieron haber tenido relación, en cuanto a su desenlace fatal, con la inhalación de gases tóxicos provenientes de las llamadas ‘bombas lacrimógenas’ lanzadas por los agentes de la Policía Nacional”.

Mas aclaró, sin embargo, que para ese momento esperaba los resultados de los exámenes toxicológicos que confirmarían o descartarían dicha posibilidad.

Todavía ayer esperaba esos resultados, según informó en entrevista telefónica a este diario.

Seguimiento

Al entrevistar a Diana Morales, viuda del obrero Virgilio Castillo, esta dijo que el gobierno le dio un terreno en Finca 30 y materiales para construir una casa.

Por su lado, Catalina Guerra, viuda de Smith, dijo que a seis de sus nueve hijos les dieron becas del Ifarhu –por 35 dólares cada una– y que le prometieron una casa tipo chalé. Además, que le ofrecieron empleo en el Programa de Ayuda Nacional, pero que lo rechazó por tener que cuidar a sus pequeños.

Los dos obreros que quedaron con ceguera total, Arsenio Fernández y Alfredo Jiménez, informaron por su parte que les dieron un bono de 800 dólares a cada uno.

Daños a la propiedad

En este renglón, el informe de la Defensoría no totaliza las pérdidas, aunque sí detalla, por ejemplo, que las oficinas del Ministerio de Trabajo fueron vandalizadas, mientras que dos vehículos y una lancha de ese despacho también fueron incendiados.

Al Ministerio de Vivienda le quemaron un carro y vandalizaron otro; al de Salud le incendiaron las oficinas en Finca 12; a la Autoridad de Protección al Consumidor le incendiaron las oficinas en el mismo edificio del Global Bank en Finca 12; y a la Defensoría de Oficio, el aeropuerto y la Autoridad del Tránsito les quebraron los cristales de las fachadas.

La subestación de la Policía de Menores fue vandalizada, y una parte incendiada; el Servicio Nacional de Migración fue vandalizado; el Global Bank fue quemado; la Clínica Santa Isabel, vandalizada, y la empresa Claro fue asaltada.

Además, hubo otros daños a terceros, como carros quemados, robos y hurtos.

Uso de la fuerza

El informe de la Defensoría dedica varias páginas al tema de las actuaciones de la Policía Nacional y advierte contradicciones entre las novedades reportadas por dicha institución y lo declarado por su director, Gustavo Pérez.

Por ejemplo, destaca que en un informe remitido por la PN el 27 de julio se detalla que entre los “equipos disuasorios” usados por los uniformados hubo cartuchos de escopeta calibre 12 (7.5), los cuales, sin embargo, son en “realidad perdigones [que] forman parte de la fuerza letal”.

Al respecto el informe señala: “El hecho de preservar el orden público debe estar sujeto a la protección de la dignidad humana como fin primordial. En consecuencia, las actuaciones de la Policía Nacional deben ser destinadas al respeto y protección de las garantías fundamentales”.

Otro elemento que destaca el informe es sobre la participación en los enfrentamientos de agentes del Servicio Nacional de Fronteras.

Según el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, los fronterizos no participaron de los eventos en Bocas del Toro.

Sobre esta polémica, el director del organismo, Frank Ábrego, envió una nota al defensor, el 21 de julio, en la que precisó que 92 miembros de esa institución fueron enviados a Changuinola durante los disturbios: 42 procedentes de Chiriquí, al mando del mayor Abdiel Lezcano, quienes viajaron el 8 de julio; y 50 procedentes de Panamá, bajo la coordinación del subcomisionado Yadeol Cruz, quienes llegaron el 10 de julio.

Ábrego confirmó que dicho contingente se “limitó a labores de vigilancia y seguridad” en Bocas del Toro y usó “solo 52 municiones de impacto de nuestra dotación, las cuales son más seguras ya que solo golpean y no penetran dentro de la piel (además, no poseíamos municiones con perdigones 71/2)”.

¿Desaparición?

En relación al caso de Valentín Palacio, el informe de la Defensoría deja al descubierto el hecho de que este indígena de la etnia Ngäbe Buglé mintió reiteradamente al decir que había estado hospitalizado en Almirante tras ser atacado y robado por dos hombres.

En entrevistas posteriores y tras carearlo con su amigo Luis Lorenzo, se descubrió que tres semanas antes de los disturbios Palacio se había ido de su casa y refugiado en el hogar de Lorenzo, ya que lo iban a demandar por la pensión alimenticia de sus hijos. Estaba desempleado.

Luego, el 31 de julio, fue asaltado y golpeado, pero aun así se quedó bebiendo alcohol en la cantina Los Ángeles, en Almirante, y no aceptó ser llevado al hospital para ser atendido.

Después de ese suceso, permaneció convaleciente unas tres semanas más en casa de Lorenzo, hasta que un hijo de este se enteró de que lo estaban buscando. Palacio admitió haber estado ebrio antes, durante y después del asalto.

Actualmente labora en el Ministerio de Desarrollo y, según dijo, “hoy se encuentra en los caminos del Señor y se ha alejado del vicio del alcohol”.

Varios

En la quinta conclusión del informe, el Defensor advierte que durante los disturbios “se incurrió en la violación a la Convención de los Derechos del Niño, ya que se efectuaron detenciones de menores de edad sin sustento jurídico para ello, transgrediendo de esta forma su derecho a la libertad y desconociendo el tratamiento especial que deben recibir, como manda la Ley de Responsabilidad Penal de Adolescentes”.

Según el informe remitido por la Policía Nacional a la Defensoría, 153 personas fueron detenidas durante los eventos de Changuinola.

El informe, de 79 hojas, fue elaborado con información oficial aportada por el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social, la Policía Nacional, el Imelcf.

Los ministerios de Seguridad Pública y Desarrollo Social no respondieron a las solicitudes de información de la Defensoría.

Reacciones

Francisco Gómez Nadal, representante legal en Panamá de la o­nG Human Rights Everywhere, calificó el informe de la Defensoría como “una esperanza para la institucionalidad del país”.

“Que una institución del Estado haya hablado sin temor a la verdad, es esperanzador; sin embargo, por desgracia todos sabemos que la Defensoría del Pueblo en Panamá no tiene poder coercitivo ni puede influir en los órganos del Estado”, dijo.

Sin embargo, Gómez Nadal hizo votos para que, a partir de ahora, “las autoridades asuman su responsabilidad sobre lo ocurrido y, especialmente, le den la cara a las víctimas”.

Por su parte, Maribel Jaén, de la Comisión de Justicia y Paz, dijo que el informe pone de manifiesto la violación de los derechos humanos cometida por la Policía Nacional.

“Aquí hubo un uso injustificado de la fuerza y esperamos que el Estado pueda resarcir o reparar en alguna medida el daño ocasionado a los obreros de las bananeras y a sus familiares”, dijo.

En tanto, el dirigente civilista Mauro Zúñiga advirtió que “lo más lamentable es que el gobierno no ha reconocido sus errores, y el informe de la Defensoría del Pueblo reconoce el abuso de la fuerza y la violación de los derechos humanos por parte de la policía”.

“El presidente Martinelli, como primer acto de reconciliación con el pueblo bocatoreño, debió destituir al director de la policía, Gustavo Pérez, y al ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, por el pésimo manejo que hubo de la situación en Bocas del Toro”, indicó.

Al no hacerlo, dijo, Martinelli se confirmó como “dictador civil y violador de los derechos humanos”.

Con relación al caso de Valentín Palacio, de quien él dijo era el “primer decapitado de la dictadura”, aseguró que el indígena nunca aceptará su detención por la policía, “ya que su silencio le fue comprado”.

Se le envió un cuestionario al ministro Mulino, se le llamó varias veces al celular e incluso se le intentó contactar con su vocero, pero no contestó.

Martinelli acusa al PRD y a sindicato de lo ocurrido

“Los culpables de las dos muertes y más de 700 heridos en Bocas del Toro son un partido opositor [Partido Revolucionario Democrático] y un sindicato que no tiene nada que ver con Bocas [Sindicato Único de Trabajadores], que en contubernio querían tumbar al gobierno”. Así reaccionó ayer el presidente, Ricardo Martinelli, luego de que la comisión nombrada por el Ejecutivo para investigar los enfrentamientos en Changuinola le entregara sus conclusiones. “Tal vez la comisión por miedo no incluyó eso, pero yo no le tengo miedo a nadie y sí lo puedo decir”, agregó.

El informe, que establece que la causa de los enfrentamientos fue la forma en la que fue presentada y discutida la Ley 30, sugiere al gobierno hacer los estudios de toxicología a los dos muertos registrados en las fechas de los enfrentamientos que el gobierno no reconoce. “Tomaremos en cuenta las recomendaciones. Esto no volverá a suceder”, dijo Martinelli

ISIDRO RODRÍGUEZ










Este artículo proviene de Frenadeso Noticias (FRENTE NACIONAL POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS ECONOMICOS Y SOCIALES PANAMÁ)
http://www.frenadesonoticias.org

La dirección de esta noticia es:
http://www.frenadesonoticias.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1249