Frenadeso Noticias (FRENTE NACIONAL POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS ECONOMICOS Y SOCIALES PANAMÁ)

FAP: ¿para qué y para quién?
Por Genaro López

En 1983 se inició en Panamá el proceso de privatización de las empresas públicas. Después de la invasión norteamericana, Guillermo Endara promulgó la ley marco de privatización, que pondría en ejecución Ernesto Pérez Balladares, privatizando empresas públicas estratégicas y rentables (electrificación, telecomunicación, puertos).

Ante el rechazo de la población, Pérez Balladares impuso un nuevo estilo privatizador: corporatizar las empresas estatales (Acciones emitidas: 49% se vendieron, el Estado conservaba 49% y el 2% pasaba a los trabajadores de estas empresas). Para el manejo de los recursos provenientes de las privatizaciones se promulga la Ley 20 de 1995, que crea el Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD), la cual establecía que el capital del mismo estaría compuesto por: fondos de la venta de empresas públicas; venta de acciones de las empresas públicas corporatizadas o pago de concesiones administrativas al sector privado, fondos provenientes de las ventas/concesiones que realice la ARI y utilidades que obtenga de la inversión de los fondos y reservas. En 1997 se promulgó el Decreto Ley N° 1, que establece el uso de los rendimientos del Fondo para inversiones públicas de desarrollo e interés social y el no uso del capital creado por la Ley 20.

Con esta ley Pérez Balladares pretendió desviar la opinión pública en torno a las ‘bonificaciones’ que se pagaron a los directores de las instituciones privatizadas (IRHE, INTEL, Puertos), por un ‘desempeño eficiente que llevó a buen término la privatización’.

Los subsiguientes gobiernos modificaron la ley para usar el Fondo. Mireya Moscoso pasó la Ley 20 de 2002, que permitió usar 200 millones de dólares para proyectos (planta potabilizadora de Chilibre, ampliación de la carretera Panamericana Veraguas-Paso Canoa, sistemas de riego). La excusa en ese momento fue la reactivación de la economía nacional declarada en desaceleración, al final los proyectos quedaron en escándalos de licitaciones, sobrecostos. De 2000 a 2004, se denunció el desvió de los fondos de la ARI que debieron entrar al FFD.

Con Martín Torrijos se sigue haciendo uso del Fondo, también se denunció el desvió de los mismos. Al final de su periodo, en medio de la crisis financiera internacional, Torrijos y Samuel Lewis Navarro (vicepresidente) informaron sobre sus planes, ‘crear un fondo para apoyar el crédito bancario’ (Destinar mil millones de dólares del FFD).

Es la receta que hoy retoma Ricardo Martinelli con la creación del Fondo de Ahorro de Panamá (FAP), aprobado por la Asamblea Nacional en sesiones extraordinarias. El FAP, cuyos ingreso provendrán del FFD y de los excedentes del Canal, según el titular del MEF, servirá para atender los daños ocasionados por los desastres naturales, para implementar programas de inversión pública y reactivar la economía cuando esté en un periodo de recesión.

Sobre el primer propósito, se pone como ejemplo a Chile, donde se ‘recuperaron solos y muy rápidamente del terremoto’; lo que no dicen, es que los chilenos afectados por el terremoto aún siguen esperando la ayuda. Al igual que en Panamá, que los afectados por las inundaciones de diciembre de 2010, siguen esperando solución a sus afectaciones, pese a la partida extraordinaria aprobado al gobierno nacional. En cuanto al segundo propósito, sobran los casos a nivel internacional (EE.UU., Inglaterra), de a quién benefician los fondos de rescate de la economía, al gran capital, principalmente financiero y bancario.

El FAP está acompañado de un aumento de los límites del déficit fiscal, lo que favorece a Martinelli, quien se señala que requiere de más ingresos para cuadrar el Presupuesto 2012, los cuales provendrían de la venta de los terrenos de la ZLC y de la venta de las acciones del Estado en Cable & Wireless. Lo cierto es que con el FFD, si se venden las acciones de las empresas mixtas (Cable & Wireless, ENSA, EDEMET, EDECHI, ENEL Fortuna, AES) el dinero debe ingresar al Fondo, con el FAP se permite su uso inmediato, generando preocupación ante posible aumento del nivel de endeudamiento del país.

Martinelli requiere fondos adicionales para hacer frente a los pagos adelantados a los contratistas de los megaproyectos. Por ejemplo, el caso del consorcio ICA-MECO, responsable de la ampliación de la vía Domingo Díaz (proyecto denunciado por el alto costo de los insumos de hasta un 60%; pues, tiene el récord del kilómetro más caro, B/. 19.8 millones), al que se le garantiza el pago del 70% de la totalidad del contrato, por lo menos hasta el 2014 a través de una adenda al contrato original.

Obviamente, Martinelli, él que prometió el cambio, no podía ser la excepción a la tentación de echarle mano a los llamados ‘ahorros del país’.

SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.