FRENADESO Noticias 25 de Enero de 2015
Fecha Domingo, 25 enero a las 09:37:43
Tema Frenadeso Nacionales



 Panamá: Crisis y negociados en el transporte público
 Han sido cinco años de ineficiente operación de la empresa Mi Bus, dónde los usuarios no observan mejoras del transporte público.






Crisis y negociados en el transporte público

Han sido cinco años de ineficiente operación de la empresa Mi Bus, dónde los usuarios no observan mejoras del transporte público


Por: Genaro López

Cuando se privatizó el servicio del transporte público colectivo se prometió un sistema que contaría con una organización eficiente en cuanto a los recorridos, lo que disminuirá las esperas en las paradas y garantizará la frecuencia de las unidades.

El gobierno, en lugar de fiscalizar la prestación de un servicio eficaz para los más de 700 mil usuarios, se dio a la tarea de garantizar una estructura monopólica que aseguraba ganancias extraordinarias (vía subsidios) a la empresa Mi Bus. Ello ha dado como resultado la entrega anual de aproximadamente unos $140 millones (subsidios), a lo que debe agregarse otros costos asumidos por el Estado panameño que suman unos $137.6 millones. Pero no solo fue esto, sino que también se estableció el pago por adelanto del pasaje, beneficiando aún más a la empresa Mi Bus.

Han sido cinco años de ineficiente operación de la empresa Mi Bus, dónde los usuarios no observan mejoras del transporte público, por el contrario su calidad de vida está siendo afectada en la medida que madruga más, paga más y llega más tarde a casa.

Durante la administración de Martinelli, más allá de los show mediáticos, se le permitió a la empresa todo tipo de infracciones que profundizaron la crisis del transporte. Hoy Varela, que era parte del gobierno de Martinelli cuando se adjudicó el contrato, ha decidido que el Estado asumirá el servicio del transporte colectivo bajo la lógica de tercerización que no es más que mantener la privatización (uno o varios operadores llevarán adelante la operación de la ‘empresa pública’).

La pregunta clave es ¿cuánto pagarán a una empresa que se caracterizó por incumplir el contrato, por la ineficiencia del servicio y por no reconocer los compromisos laborales? La instalación del metrobus (que eliminó los diablos rojos) costó $269 millones; lo que hace suponer que el ‘nuevo sistema’ costará varios millones de dólares que asumirá el pueblo trabajador con el pago de impuestos.

Según lo estipulado en el contrato (firmado a 15 años), hay dos vías para su ruptura: fianza de incumplimiento por contrato fijada en $46.2 millones y la figura de rescate administrativo donde el Estado deberá pagar millones de dólares. Al parecer el gobierno se inclina por esta última.

Todo parece indicar que las ‘negociaciones’ entre el gobierno y Mi Bus correrá la misma suerte de los corredores, una exorbitante indemnización para la empresa de capital colombiano y panameño (El colombiano ‘Grupo Fanalca’ que posee el 70% de las acciones y el panameño ‘Felgate Entreprises’ que posee el 30% de las acciones, y cuyo representante es Guillermo Tomás Henne Motta).

Otro atraco al pueblo. Las preguntas obligadas, por un lado ¿Cuáles son los nombres detrás de este atraco? ¿Quiénes deben ser llamados a juicio? ¿Qué intereses se ocultan?; por el otro ¿Cuál es el hermetismo de las actuales negociaciones? ¿Quiénes serán los nuevos favorecidos? ¿Cuánto le costará al pueblo?

En resumidas, las privatizaciones se han constituido en una pesada carga para el pueblo panameño, en la medida que pagamos más por malos servicios (electrificación, energía, transporte, etc.), mientras se nos impone garantizar ganancias extraordinarias a las empresas, a las cuales adicionalmente entregamos millones de dólares en supuestos ‘subsidios’, que al fin y al cabo pagamos los asalariados a través de nuestros impuestos.

Lo que procede, es una política pública que garantice un servicio realmente público, oportuno, accesible y menos costoso, que permita al pueblo trabajador calidad de vida.

El tema del servicio de transporte público debe ser abordado de forma tal que sean servidos los intereses de la ciudadanía y no los de los grupos económicos nacionales o transnacionales.

*SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO



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