El pueblo panameño sigue cargando sobre sus hombros una pesada carga producto de una política pública que favorece a las élites del poder económico y político. Los principales problemas sociales no son atendidos por las autoridades de Gobierno: costo de vida, desempleo, inseguridad, afectaciones ambientales, deterioro de las condiciones de salud y educación, carencia de viviendas dignas para los sectores de bajos recursos, acceso al agua potable, entre otros; es decir un proceso creciente de pauperización de las condiciones de vida del pueblo panameño. A esta lista se suman temas que preocupan a la población por las repercusiones que tienen los mismos: migración laboral, clientelismo político, impuestos tributarios, corrupción y nepotismo.
Tal como hemos venido planteando, el torneo electoral del 2019 parece encaminarse a superar el clientelismo político que imperó en el 2014 (en las elecciones internas de los partidos se dio de todo: dinero de dudosa procedencia, intervención de autoridades, uso de recursos del Estado/PAN, etc.). El Gobierno de turno, emulando a sus antecesores, ha dado paso a demostrar que se valdrá de las mismas artimañas, uso de los recursos del pueblo (impuestos), para apuntalar su estrategia electoral, a fin de favorecer a su partido político. Varela ha mencionado que cada Consejo de Gabinete gira entre los 250 a 300 000 dólares en ‘enseres' que se entregan, situación que no enfrenta las causas de los problemas sociales.
En materia laboral, en los primeros meses del año, las estadísticas registran un ingreso aproximado de un millón 527 306 extranjeros. Gran parte de esta migración se convierte en migración laboral sin control, generando problemas de incremento del desempleo y presión que favorece la reducción de los salarios, dado el hecho no solo de la cantidad de permisos laborales que se otorgan sino también por la fuerza de trabajo extranjera que se contrata de manera ilegal. Esta política que afecta a la población económicamente activa panameña, tanto ocupada como desocupada, es aupada por los sectores empresariales que desde hace varios años están exigiendo la modificación de las normativas referentes al número y las causas para la contratación de trabajadores extranjeros.
El otro tema que preocupa a la población es el tema de los reavalúos. Colgado se mantiene el Decreto Ejecutivo 130, se suspende la discusión del proyecto ley 43, la Ley 66 es una realidad que depende del impuesto de inmueble para su financiamiento, y, a pesar de lo que dicen ‘expertos' en medios, el Código Fiscal es claro (ver artículos 763, 766, 788, 789). Tanto lo planteado en el D. E. 130 como en la Ley 66, son proyectos que vienen siendo impulsados por las tres últimas administraciones de Gobierno (Torrijos, Martinelli y Varela). Estos proyectos están acompañados de la política de titulación de tierras, que está encaminada a poder negociar individualmente con sectores marginados en las áreas que demanda el proyecto ‘Panamá Centro Logístico', que incluye el cuarto juego de esclusa del canal (Anati ha entregado casi 800 títulos de propiedad en río Indio y Toabré). Otro de los intereses con esta política es que el Estado cuente con una fuente ‘flexible' de ingresos, tal como recomendó el FMI. Sin pasar por alto que el impuesto de inmuebles es la principal fuente de financiamiento de la descentralización. Las medidas parecen provocar una mayor regresividad, donde los sectores de alto poder económico serán beneficiados con la modernización del rol de la economía panameña que le impone la globalización neoliberal.
Por otro lado, en medio de las calamidades que padece la mayoría de los panameños, la corrupción y la impunidad se mantienen. Por ejemplo, mientras casi el 20 % de los funcionarios devengan salarios de 600.00 mensuales o menos, se dicta el Decreto Ejecutivo 156 de 2017, donde se aumenta la dieta a los miembros de la Junta Directiva del BNP (B/. 750.00 por asistir a reuniones de la Junta y B/. 500.00 a reuniones de Comité).
SECRETARIO GENERAL DE CONUSI-FRENADESO.
