Panamá: Insatisfacción de las demandas sociales

Las estadísticas reafirman el crecimiento de la economía panameña, pero también, el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población panameña. El crecimiento económico, el galopante endeudamiento público y los aportes del Canal no se corresponden con los niveles de marginalidad y carencia que vive a diario la mayoría de los panameños. Se trata de un contraste dicotómico que mantiene por un lado un ‘crecimiento económico' y por el otro lado ‘indicadores sociales precarios'. Panamá está entre los países más desiguales del planeta.

Las necesidades básicas insatisfechas en el país dan cuenta de un importante número de carencias críticas de la población que hacen que la caracterización de la pobreza en el país sea recurrente.

Un constante aumento del costo de vida, que hace difícil la adquisición de la canasta básica de alimentos y otros bienes necesarios, se mantiene producto de estructuras de mercado que favorecen a los importadores, distribuidores, especuladores y a los intermediarios.

Un desempleo que comprende 118 338 personas (6 %), 679 166 panameños en informalidad laboral (44 % de la PEA, sin incluir trabajadores del sector agropecuario); casi el 85 % de los asalariados recibe menos de B/. 600 al mes, que amplían cada vez más la brecha entre salario y costo de vida (pérdida del poder adquisitivo). Es decir, un mercado laboral precario, que amenaza con engrosar en el futuro la población de ‘120 a los 65', en la medida que no gozan de estabilidad laboral ni de seguridad social.

Por el lado de la inversión pública no se destinan los recursos necesarios en las áreas de salud y educación, lo que marca el deterioro de la infraestructura escolar y hospitalaria. En vivienda se fomentan proyectos habitacionales cuyo costo, producto de la especulación inmobiliaria, está por encima de las posibilidades de pago de gran parte de los asalariados e imposible para quienes no cuentan con trabajo. El problema de acceso al servicio de agua potable de calidad para el consumo humano de manera ininterrumpida en comunidades del área urbana, así como de carencia en comunidades rurales.

En materia ambiental, los atentados al ambiente son crecientes (humedales, manglares, ríos, playas, costas, deforestación, etc.), proyectos mineros e hidroeléctricos, construcciones que atentan contra el patrimonio y el ambiente; todo ello en medio de la complicidad de las autoridades que deberían velar por la protección de nuestro ecosistema.

En lo productivo sectores campesinos, indígenas y pequeños productores continúan enfrentando la política de desmantelamiento del agro que pone en peligro su actividad económica, y que atenta contra la soberanía y seguridad alimentaria del pueblo panameño.

En medio de estos y otros problemas sociales, ante una política económica que privilegia los negocios y no la vida digna, encontramos la galopante corrupción y la impunidad.

La flagrante violación a los derechos humanos al pueblo panameño, no es obstáculo para que Gobierno, partidocracia y seudoindependientes se encaminen al inició de campañas millonarias que buscan hacer olvidar al pueblo sus conductas plagadas de mentiras, engaños, corrupción. Utilizan las demandas sociales como trampolines para negocios y demagogia politiquera, mientras que en cuartos refrigerados se reparten ganancias y llegan a compromisos electoreros.

Es necesario luchar contra los Gobiernos de los políticos mentirosos, delincuentes y corruptos que jamás les ha importado dar respuesta a los problemas de la salud, educación, seguridad, vivienda, agua, ambiente de nuestro pueblo ni han enfrentado el alto costo de la vida. Solo les importa llegar o mantenerse en el Gobierno para seguir robando, engañando y reprimiendo a los sectores populares.

No podemos dejarnos engañar. Hoy más que nunca panameños y panameñas debemos estar conscientes de la necesidad de levantar un Panamá para todos, con justicia y equidad social, en pleno goce y respeto de los derechos humanos. Solo el Frente Amplio por la Democracia ofrece una propuesta que tiene como centro el derecho a la vida digna.